CIUDAD DE MÉXICO.— La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el aseguramiento de documentos que podrían aportar nuevos elementos a la investigación de una presunta red dedicada al contrabando de combustibles por ferrocarril, en la que están involucradas 25 personas, entre ellas el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
El material fue localizado durante dos cateos realizados en bodegas de la alcaldía Miguel Hidalgo. Las diligencias fueron autorizadas por un juez federal y estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, con apoyo de otras instituciones.
La fiscal general, Ernestina Godoy, señaló que los documentos encontrados contienen información relacionada con operaciones de comercio exterior de una de las empresas investigadas y podrían permitir ampliar las líneas de investigación sobre la estructura y su posible forma de operación.
De acuerdo con la FGR, hasta el momento nueve personas han sido detenidas dentro de la investigación, entre ellas Ruffo Appel. La Fiscalía continúa integrando información para determinar el grado de participación que habría tenido cada uno de los involucrados.
El expediente se originó en julio de 2025, después de que autoridades localizaran 33 ferrotanques abandonados en Coahuila que contenían hidrocarburos.
A partir de ese hallazgo, las investigaciones apuntaron hacia un esquema de presunto contrabando de combustibles mediante el cual se habrían declarado ante las autoridades aduaneras cantidades inferiores a las realmente transportadas o productos distintos a los que contenían los tanques.
Este mecanismo es conocido como “huachicol fiscal” y se diferencia del robo tradicional de combustible mediante tomas clandestinas. El esquema investigado estaría relacionado con operaciones de comercio exterior y traslado de hidrocarburos.
La Fiscalía también ha señalado que parte del combustible presuntamente introducido de manera irregular habría sido mezclado posteriormente con producto legal, con el propósito de dificultar su identificación y facilitar su distribución.
Las pesquisas contemplan además la posible utilización de empresas fachada, operadores logísticos, agentes aduanales y mecanismos financieros, así como una eventual participación de servidores públicos, aunque las responsabilidades individuales deberán ser determinadas durante el proceso judicial.
Ernesto Ruffo Appel fue detenido en julio de 2026 y posteriormente vinculado a proceso junto con otros imputados. El exgobernador ha rechazado las acusaciones formuladas en su contra y su defensa ha cuestionado la investigación.
La situación jurídica del exmandatario también ha generado una disputa respecto a las condiciones en las que deberá permanecer durante el proceso. Su defensa ha promovido recursos para solicitar que la medida cautelar de prisión sea sustituida por prisión domiciliaria.
La FGR ha señalado que respeta el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas investigadas. La vinculación a proceso tampoco constituye una sentencia condenatoria, sino que permite que continúe el procedimiento judicial mientras se desahogan las pruebas.
El nuevo aseguramiento de documentos permitirá a los investigadores profundizar en las operaciones comerciales de las empresas bajo investigación y determinar si la información encontrada confirma o amplía las hipótesis existentes sobre la presunta red de contrabando de hidrocarburos.
La Fiscalía anticipó que continuará informando sobre los avances de las investigaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal.
