CIUDAD DE MÉXICO.— México acumuló 2 mil 007 víctimas del delito de tortura entre enero y julio de 2026, cifra que representa 87 por ciento de los 2 mil 299 casos registrados durante todo 2025.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante julio se incorporaron 273 nuevas víctimas al registro nacional. Hasta junio, el acumulado era de mil 734 casos.
El Estado de México concentra el mayor número de víctimas en lo que va del año, con 530 casos. Le sigue Quintana Roo, con 236. Ambas entidades reúnen aproximadamente 38 por ciento del total nacional.
Después aparecen Puebla, con 186 víctimas; Tabasco, con 172; Veracruz, con 160; Chihuahua, con 119; y Oaxaca y Zacatecas, con 105 casos cada uno.
Durante julio, el Estado de México también encabezó los registros mensuales, con 66 víctimas. Quintana Roo reportó 49 y Tabasco 27.
San Luis Potosí ocupó el cuarto lugar nacional durante ese mes, con 22 víctimas, seguido de Zacatecas y Puebla, con 20 casos cada uno. Morelos registró 17, Oaxaca 15 y Chihuahua 11.
El comportamiento de San Luis Potosí destaca por el incremento registrado durante julio. La entidad pasó de un promedio mensual de 7.8 víctimas durante los primeros seis meses del año a 22 casos en un solo mes.
Con este aumento, San Luis Potosí llegó a 69 víctimas acumuladas durante 2026. Entre enero y junio había registrado siete casos en enero, ocho en febrero, seis en marzo, nueve en abril, nueve en mayo y ocho en junio.
Las cifras disponibles no permiten establecer por sí mismas cuál fue la causa específica del incremento registrado en julio. Tampoco se han identificado públicamente casos recientes que expliquen de manera directa el repunte.
En el extremo contrario, Durango, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Yucatán no reportaban víctimas de tortura en los registros correspondientes a los primeros siete meses del año.
El SESNSP comenzó en enero de 2026 a publicar mensualmente información sobre víctimas del delito de tortura. Anteriormente, el seguimiento de estos casos correspondía a la Fiscalía General de la República mediante el Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet).
Los antecedentes del Renadet muestran que entre enero de 2018 y diciembre de 2025 fueron registradas 33 mil 101 víctimas de tortura o de tratos crueles e inhumanos en México.
Los registros históricos ubican entre las entidades con mayor número de casos al Estado de México, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo, Colima, Ciudad de México, Chihuahua y Baja California.
La información disponible hasta junio de 2026 también muestra una marcada diferencia por género. La mayoría de las víctimas registradas son hombres, con una proporción aproximada de siete hombres por cada mujer.
Entre las mujeres, los mayores registros se concentran en Hidalgo, Veracruz y Ciudad de México. El promedio de edad de las víctimas se encuentra entre los 18 y 35 años, aunque también existen registros correspondientes a personas con discapacidad, integrantes de pueblos indígenas y población LGBTTTI+.
La legislación mexicana establece que el delito de tortura puede ser cometido por servidores públicos. En los registros de investigación aparecen como presuntos responsables integrantes de corporaciones policiales, instituciones de seguridad, fiscalías, centros penitenciarios y otras dependencias públicas.
Uno de los principales problemas señalados por organizaciones civiles es la dificultad para que las investigaciones concluyan en sanciones. Documenta ha señalado que menos de 0.2 por ciento de las investigaciones por tortura llega a una sentencia y que entre 2020 y 2024 se registraron menos de 50 resoluciones de este tipo.
En San Luis Potosí existen antecedentes de señalamientos contra integrantes de corporaciones de seguridad. En 2024, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación relacionada con hechos ocurridos en 2022, en los que elementos de la entonces Guardia Civil Estatal fueron señalados por presuntas violaciones a los derechos humanos de una mujer embarazada en Matehuala.
Sin embargo, ese antecedente no permite establecer una relación directa con el aumento registrado en julio de 2026.
El dato nacional refleja que, en apenas siete meses, México ya se encuentra cerca de alcanzar el número total de víctimas contabilizadas durante todo 2025. La evolución de los registros durante los próximos meses permitirá determinar si el incremento observado en 2026 constituye una tendencia sostenida.
