El problema de los perros callejeros en Rumania ha vuelto a quedar bajo escrutinio debido a denuncias sobre el uso de recursos públicos destinados a su captura, alojamiento, alimentación y esterilización. Una investigación de Deutsche Welle documentó presuntas irregularidades en algunos refugios privados y cuestionó el destino de los recursos que reciben por hacerse cargo de los animales.
Rumania mantiene una de las mayores poblaciones de perros sin dueño de Europa. Organizaciones de protección animal estiman que alrededor de 500 mil perros viven en calles, pueblos y zonas rurales del país, aunque no existe un censo nacional que permita establecer una cifra exacta. La problemática se concentra especialmente fuera de las grandes ciudades.
El sistema de gestión contempla que las autoridades locales capturen a los perros sin propietario y los trasladen a instalaciones donde deben recibir atención veterinaria y permanecer disponibles para ser reclamados o adoptados. La legislación rumana establece periodos específicos para la reclamación y adopción y permite la eutanasia de animales no reclamados o adoptados después de cumplir los procedimientos establecidos.
En este esquema participan también asociaciones y refugios privados mediante contratos con gobiernos locales. De acuerdo con la investigación de Deutsche Welle publicada en agosto de 2026, algunos administradores pueden recibir hasta 400 euros por cada perro para cubrir servicios relacionados con su alojamiento, atención y esterilización. La investigación plantea que este mecanismo puede generar incentivos económicos perversos cuando los animales no reciben los cuidados previstos.
Las acusaciones no se limitan a organizaciones de protección animal. En marzo de 2026, la Policía rumana informó sobre una investigación penal relacionada con dos refugios privados contratados por distintas autoridades locales. Se realizaron 20 registros en los condados de Prahova, Giurgiu, Constanța e Ilfov, mientras que las autoridades investigaban posibles delitos de fraude, abuso de autoridad, muerte intencional e ilegal de animales y falsificación de documentos.
El caso muestra que las denuncias sobre eutanasias ilegales no son únicamente una cuestión de activistas. La investigación policial señala que, entre 2025 y 2026, representantes de dos refugios privados habrían firmado contratos con varias administraciones locales para capturar, alojar, practicar la eutanasia y gestionar la disposición final de perros sin dueño. Se trata de hechos sujetos a investigación judicial y no de responsabilidades ya determinadas.
A estas investigaciones se suma un informe de la organización internacional FOUR PAWS, que realizó visitas encubiertas a nueve refugios públicos entre enero de 2026 y encontró problemas de hacinamiento, higiene deficiente, lesiones sin tratamiento y condiciones que, según la organización, no cumplían con estándares básicos de bienestar animal. También señaló inconsistencias entre los datos oficiales proporcionados sobre financiamiento, ingreso de animales y eutanasias y la información disponible públicamente.
Uno de los ejemplos documentados por FOUR PAWS corresponde a un refugio del condado de Galați. Según datos citados por Associated Press a partir de la investigación, durante 2024 ingresaron 644 perros y solamente 134 fueron adoptados, mientras que 412 murieron por causas distintas de la eutanasia. El dato fue presentado como parte de las evidencias sobre las deficiencias del sistema de refugios públicos.
El marco legal rumano contempla también la esterilización como una herramienta para reducir la población de perros sin dueño. La legislación permite a las administraciones locales financiar programas de esterilización, identificación y registro, incluso mediante convenios con asociaciones de protección animal y médicos veterinarios.
Organizaciones de protección animal sostienen que una política basada principalmente en la captura y el sacrificio no resuelve el origen del problema y han pedido ampliar los programas de esterilización, identificación, adopción y retorno controlado de animales. FOUR PAWS, por ejemplo, propone extender programas de captura, esterilización, vacunación y retorno como alternativa a las políticas centradas en el confinamiento y la eutanasia.
El caso plantea así una doble problemática para las autoridades rumanas: controlar una población numerosa de perros sin dueño y, al mismo tiempo, garantizar que los fondos públicos destinados a su manejo sean utilizados de acuerdo con los contratos y las normas de protección animal. Las investigaciones abiertas deberán determinar si existieron irregularidades, quiénes serían responsables y qué cantidad de recursos pudo haber sido utilizada de manera indebida.
Mientras continúan las investigaciones, el debate en Rumania se centra en la eficacia de un modelo que durante años ha destinado recursos a la captura y alojamiento de animales sin conseguir eliminar el problema de los perros callejeros. Para las organizaciones de protección animal, la esterilización sistemática y el control de la reproducción representan una alternativa de largo plazo; para las autoridades, el desafío sigue siendo aplicar la legislación y supervisar que los refugios, públicos o privados, cumplan con sus obligaciones.
