Ciudad de México.— La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumplió este 1 de septiembre su primer año de funciones en medio de cuestionamientos relacionados con la transparencia de sus deliberaciones, el cumplimiento de los nuevos plazos constitucionales y las diferencias que han surgido entre sus integrantes.
El actual Pleno comenzó funciones el 1 de septiembre de 2025, después de la primera elección popular de ministras y ministros del máximo tribunal. La reforma judicial redujo de 11 a nueve el número de integrantes de la Corte y eliminó sus dos salas, por lo que los asuntos que anteriormente se distribuían entre ellas pasaron a ser discutidos directamente por el Pleno.
La transformación también modificó las reglas de funcionamiento y de generación de precedentes. El Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la propia SCJN reconoce entre los cambios de la reforma la introducción de un sistema de jurisprudencia por precedentes obligatorios y nuevas reglas para la interrupción y modificación de criterios.
Uno de los principales cuestionamientos planteados durante el primer año se refiere a la utilización de reuniones privadas para discutir determinados asuntos. De acuerdo con información difundida por Animal Político y retomada en el texto base, desde el inicio de la nueva etapa hubo sesiones reservadas para abordar decisiones relacionadas con la organización del Poder Judicial.
El tema adquirió relevancia debido a que la reforma constitucional incorporó modificaciones orientadas a fortalecer la publicidad y transparencia de la actividad judicial. La existencia de deliberaciones privadas en asuntos de relevancia ha sido señalada por críticos como una contradicción con las expectativas de mayor apertura que acompañaron a la reforma.
Otro de los desafíos está relacionado con los plazos para resolver determinados litigios tributarios. La reforma constitucional de 2024 estableció que, en los asuntos fiscales comprendidos por la legislación, los tribunales administrativos, jueces y tribunales federales y, en su caso, la Suprema Corte deben resolver en un máximo de seis meses. Cuando ese plazo se cumple sin sentencia, el órgano jurisdiccional debe informar al Tribunal de Disciplina Judicial y explicar las razones de la demora.
El cumplimiento de estos plazos se convirtió en uno de los primeros problemas operativos de la nueva integración. Información publicada por la propia SCJN durante febrero de 2026 reportó que permanecían pendientes 48 asuntos tributarios que debían ser atendidos antes del vencimiento del periodo establecido por la reforma.
Posteriormente, documentos de seguimiento difundidos por la Corte señalaron que, una vez vencido el plazo constitucional, existían asuntos tributarios pendientes que debían ser objeto de explicación ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
El establecimiento de un periodo uniforme para resolver determinados litigios también había generado cuestionamientos académicos antes de la entrada en vigor de la nueva estructura judicial. El debate se centra en que la complejidad de los procesos puede variar considerablemente y que un plazo fijo no necesariamente refleja las circunstancias particulares de cada expediente.
La nueva Corte comenzó además su funcionamiento en un contexto de fuerte discusión política alrededor de la reforma judicial y del proceso mediante el cual fueron seleccionados sus integrantes.
Hugo Aguilar Ortiz asumió la presidencia del máximo tribunal y encabeza un Pleno integrado también por Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra.
La elección popular de los integrantes de la Corte fue uno de los cambios centrales de la reforma constitucional. El nuevo esquema sustituyó el mecanismo anterior de designación de ministros y modificó simultáneamente la estructura, competencias y reglas de votación del máximo tribunal.
La reducción de 11 a nueve integrantes también tuvo consecuencias en la toma de decisiones. Las nuevas reglas establecen una mayoría de seis votos para determinados efectos constitucionales, entre ellos la formación de precedentes obligatorios y decisiones relacionadas con acciones de inconstitucionalidad.
El Centro de Estudios Constitucionales ha señalado que la reforma modificó de manera sustancial el sistema mexicano de precedentes y la forma en que la Suprema Corte construye criterios jurídicos obligatorios.
La importancia de las votaciones divididas radica en que una mayoría de seis ministros puede resultar suficiente para establecer determinados criterios con efectos jurídicos relevantes. En un Pleno donde se han registrado diferencias públicas entre sus integrantes, la conformación de mayorías adquiere especial importancia.
Durante el primer año también se hicieron visibles desacuerdos entre ministros respecto de proyectos y criterios jurídicos. Las diferencias han sido expresadas públicamente durante las sesiones del Pleno, evidenciando que la nueva integración no opera como un bloque uniforme.
La Corte, sin embargo, también ha desarrollado actividades destinadas a acercar su trabajo a distintos sectores de la población. Entre ellas se encuentra la celebración de sesiones fuera de su sede habitual y la realización de ejercicios de participación pública en asuntos relacionados con derechos de comunidades indígenas y personas con discapacidad.
La propia SCJN mantiene mecanismos públicos para consultar proyectos de resolución, listas de notificación, sentencias y expedientes, además de sistemas específicos para dar seguimiento a asuntos sujetos a plazos constitucionales. En su plataforma de asuntos penales sujetos a plazo, por ejemplo, la institución reporta expedientes pendientes y sus respectivas fechas de vencimiento.
A un año del inicio de la nueva etapa, la Suprema Corte enfrenta así el reto de consolidar una estructura institucional completamente modificada, al mismo tiempo que debe cumplir con nuevas reglas de resolución, precedentes y transparencia.
El balance del primer año combina cambios estructurales de gran alcance con cuestionamientos sobre la publicidad de determinadas deliberaciones, el cumplimiento de plazos constitucionales y la capacidad del nuevo Pleno para construir acuerdos en asuntos de alta relevancia jurídica.
La consolidación de la reforma dependerá, entre otros factores, de la manera en que la Corte aplique las nuevas reglas, haga públicas sus decisiones y enfrente los asuntos que permanezcan pendientes dentro de los plazos establecidos por la Constitución.
