Ciudad de México.— La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una nueva denuncia penal por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante la administración de Ana Gabriela Guevara.
La denuncia, presentada el 28 de agosto ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), deriva de los resultados de una auditoría de cumplimiento forense correspondiente a la Cuenta Pública 2022.
El expediente concentra parte de las observaciones detectadas en los recursos entregados a federaciones deportivas y organismos estatales, entre ellos los destinados a la organización del Campeonato Mundial de Taekwondo Guadalajara 2022.
De acuerdo con los hallazgos de la ASF citados en la información base, la Federación Mexicana de Taekwondo recibió 73 millones de pesos de la Conade para organizar el campeonato. Del monto ejercido, el órgano fiscalizador señaló que aproximadamente 65 millones de pesos no fueron acreditados documentalmente de manera suficiente.
Entre los servicios observados se encuentran arbitraje, transporte, alimentación, videograbación, escenografía, decoración, limpieza y seguridad privada.
La revisión también detectó que algunas empresas contratadas aparentemente no contaban con la capacidad de personal necesaria para proporcionar los servicios establecidos en los contratos. Entre ellas fueron señaladas VPN Options y Comercio al Por Mayor Punta Coyote.
Según los resultados de la auditoría, ambas compañías tenían registrado únicamente a un trabajador pese a que se les asignaron servicios relacionados con internet, videograbación, generación de señal televisiva, limpieza y seguridad.
Ante esta situación, las empresas recurrieron a terceros para realizar parte de los trabajos contratados. La ASF, sin embargo, señaló que tampoco se presentó documentación suficiente para acreditar la ejecución de esos servicios.
Otro de los hallazgos corresponde a gastos superiores a los montos originalmente autorizados por la Federación Mexicana de Taekwondo. Las diferencias involucraron conceptos como jueces, médicos y personal multidisciplinario, alimentación, ceremonias oficiales, así como materiales y equipo deportivo.
La ASF también cuestionó que funcionarios de la Conade consideraran válidas las comprobaciones presentadas por la federación, pese a las observaciones posteriormente identificadas durante la fiscalización.
Por estos hechos, el órgano fiscalizador acudió ante la FGR para solicitar que se investigue si las irregularidades constituyen delitos y se establezca la responsabilidad de las personas que participaron en la administración, contratación y comprobación de los recursos.
La ASF se constituyó además como parte ofendida y solicitó una reparación del daño cercana a 19 millones de pesos, de acuerdo con la información citada en el texto base.
La denuncia se suma a otras acciones penales promovidas anteriormente por la ASF relacionadas con el manejo de recursos de la Conade durante el periodo encabezado por Ana Gabriela Guevara. La primera de estas denuncias fue presentada en 2023; posteriormente se promovieron otras durante 2024 y 2025.
Las irregularidades detectadas mediante la auditoría forense no se limitaron a la Federación Mexicana de Taekwondo. La revisión de los recursos correspondientes a 2022 también incluyó operaciones relacionadas con organismos deportivos de distintas entidades y federaciones nacionales.
Entre los casos señalados aparecen el Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, el Instituto del Deporte de Tlaxcala, la Federación Mexicana de Voleibol y la Comisión del Deporte del Estado de Sonora.
En el caso de Sinaloa se identificaron contratos por alrededor de 21 millones de pesos; en Tlaxcala, contratos por 11 millones, y en la Federación Mexicana de Voleibol se observaron contratos por aproximadamente 9 millones de pesos.
De acuerdo con los hallazgos descritos, una de las situaciones recurrentes consistió en la entrega de recursos públicos por parte de la Conade y la posterior contratación de empresas para proporcionar diversos servicios, sin que durante la fiscalización se encontraran elementos documentales suficientes para acreditar plenamente su ejecución.
La revisión también señaló un caso relacionado con la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, a la que funcionarios de la Conade habrían entregado 3 millones de pesos por encima de los recursos permitidos conforme a las disposiciones aplicables.
Otro de los puntos observados corresponde a pagos por 26 millones de pesos destinados a 212 medallistas olímpicos y paralímpicos bajo el concepto de “reconocimientos económicos vitalicios”. Según la auditoría citada, este esquema no se encontraba contemplado en la legislación aplicable.
Asimismo, la ASF identificó aproximadamente 3 millones de pesos otorgados como becas económicas a 33 beneficiarios sin que se hubiera acreditado documentalmente que cumplían con los requisitos establecidos para recibir los apoyos.
La presentación de una denuncia penal no significa que las personas involucradas hayan sido declaradas responsables de un delito. Corresponde a la Fiscalía General de la República investigar los hechos y, en su caso, determinar si existen elementos para ejercer acción penal ante los tribunales.
El nuevo expediente coloca nuevamente bajo escrutinio la administración de los recursos de la Conade durante el periodo en que Ana Gabriela Guevara estuvo al frente del organismo. La resolución de las investigaciones determinará si las irregularidades señaladas por la ASF derivaron en responsabilidades penales y administrativas.
