La periodista y escritora Anabel Hernández sostiene que Andrés Manuel López Obrador habría establecido desde la campaña presidencial de 2006 una serie de compromisos con integrantes del Cártel de Sinaloa y que algunas decisiones adoptadas durante su gobierno habrían coincidido con esos supuestos acuerdos.
Los señalamientos forman parte de su nuevo libro, Narcocracia, y fueron expuestos nuevamente por Hernández en una entrevista con Infobae. La periodista basa sus afirmaciones principalmente en testimonios que atribuye a exintegrantes de organizaciones criminales, entre ellos Sergio Villarreal Barragán, conocido como “El Grande”.
Uno de los principales señalamientos se refiere a una presunta entrega de 500 mil dólares durante la campaña presidencial de 2006. De acuerdo con el relato presentado por Hernández, Villarreal Barragán habría asegurado que se reunió personalmente con López Obrador y le entregó dinero procedente del grupo criminal.
La versión no es nueva. Hernández ya había presentado un señalamiento similar en su libro de 2024, aunque existen diferencias entre las versiones sobre la supuesta reunión y el grado de participación directa que habría tenido López Obrador. En 2026, la periodista sostiene que “El Grande” confirmó personalmente el encuentro y la entrega del dinero.
Según Hernández, a cambio del supuesto financiamiento, el entonces candidato habría ofrecido limitar la actuación de la DEA en México, evitar una confrontación directa con el Cártel de Sinaloa y permitir la continuidad de sus actividades criminales bajo determinadas condiciones.
La periodista también afirma que los presuntos apoyos económicos del crimen organizado no se habrían limitado a 2006, sino que habrían continuado durante las campañas presidenciales de 2012 y 2018. Para estos periodos, señala que recurrió a testimonios de otras personas vinculadas con organizaciones criminales y con las campañas políticas.
Uno de los episodios utilizados por Hernández para sustentar su interpretación es el operativo realizado en Culiacán el 17 de octubre de 2019, cuando fuerzas federales detuvieron a Ovidio Guzmán López.
En aquella ocasión, grupos criminales reaccionaron con ataques y bloqueos en diferentes puntos de la ciudad. El entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que el gobierno decidió suspender el operativo ante el riesgo para la población. López Obrador posteriormente respaldó públicamente la decisión y argumentó que se había privilegiado la protección de civiles.
Hernández interpreta la liberación de Guzmán como un elemento que, desde su perspectiva, coincide con los supuestos compromisos que atribuye al expresidente. El gobierno de López Obrador, en cambio, explicó oficialmente la decisión como una medida para evitar un mayor número de víctimas ante la reacción armada del grupo criminal.
Otro episodio señalado por la periodista es el encuentro que López Obrador sostuvo en marzo de 2020 con María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante una gira presidencial por Sinaloa. Hernández incorpora ese hecho dentro de su argumento sobre una presunta relación política con integrantes del Cártel de Sinaloa.
También cuestiona la política de seguridad implementada durante el sexenio 2018-2024, particularmente el enfoque conocido como “abrazos, no balazos”, que priorizó programas sociales, prevención y una menor confrontación directa con las organizaciones criminales.
Sin embargo, los señalamientos de Hernández deben distinguirse de hechos oficialmente acreditados. La existencia de una entrega de dinero a López Obrador y de los supuestos acuerdos descritos por la periodista no constituye, por sí misma, una resolución judicial que determine responsabilidad penal del expresidente.
López Obrador ha rechazado públicamente haber recibido dinero del narcotráfico y negó conocer personalmente a Sergio Villarreal Barragán. En 2024, después de que Hernández difundiera sus primeros señalamientos, afirmó que nunca había visto al exintegrante de los Beltrán Leyva y cuestionó las fuentes utilizadas para sustentar las acusaciones.
El caso vuelve a cobrar relevancia con la publicación de Narcocracia, debido a que Hernández afirma que el propio Villarreal Barragán es ahora una de las fuentes centrales de su investigación y que sus declaraciones abarcan presuntos vínculos entre organizaciones criminales y distintos actores políticos y funcionarios mexicanos. Villarreal Barragán fue además testigo en el proceso judicial contra Genaro García Luna en Estados Unidos.
De esta manera, las acusaciones forman parte de una investigación periodística que plantea presuntos vínculos entre estructuras políticas y criminales, pero cuya veracidad definitiva corresponde establecerla a las autoridades competentes mediante investigaciones y, en su caso, procesos judiciales.
Con información de: Infobae México
