La ciudad de Saltillo, Coahuila — Un juez de control emitió un fallo condenatorio en contra de Patricia “N”, quien se desempeñaba como contadora general de una cooperativa de ahorro y crédito en el norte de la ciudad, al responsabilizarla por el delito de robo agravado y abuso de confianza por un monto que supera los 19 millones de pesos.
De acuerdo con el expediente penal 847/2021, esta persona aprovechó su cargo para efectuar al menos 50 transferencias irregulares desde la cuenta de la institución financiera a su cuenta personal, entre los meses de febrero y mayo de 2021. Las primeras transacciones detectadas sumaban aproximadamente 7.8 millones de pesos; al cierre de la investigación se comprobó un total de 19.6 millones de pesos.
La investigación se originó tras la solicitud de auditoría hecha por la empresa afectada, identificada como Unión de Créditos de Saltillo, S.A. de C.V., cuyo resultado reveló que varios socios o clientes no recibieron los créditos que les habían sido aprobados, pese a que las transferencias correspondientes fueron registradas como concluidas.
Durante la audiencia, la defensa de la acusada argumentó que su cuenta personal había sido utilizada únicamente como “canal de paso” por instrucciones de un superior identificado como Armando “N”, sin embargo el tribunal determinó que había suficientes pruebas para acreditar su responsabilidad.
El fallo impone una pena de seis años de prisión para Patricia “N”, así como la obligación de reparar el daño económico equivalente al monto desviado: más de 19 millones de pesos. También se le impuso una multa de aproximadamente 35 800 pesos. En el caso de que opte por libertad bajo vigilancia domiciliaria, deberá cubrir parcialmente dicha reparación, firmar mensualmente ante la autoridad judicial, y cumplir con restricciones que incluyen no acercarse a la cooperativa ni contactar a testigos.
El suceso toma especial relevancia en la región por tratarse de una entidad financiera de carácter cooperativo, la cual opera bajo la confianza de sus socios y clientes, lo que agrava el impacto del delito en términos de credibilidad y gobernanza corporativa local. La resolución judicial envía un mensaje sobre el reforzamiento de mecanismos de vigilancia financiera, auditoría interna y rendición de cuentas en instituciones que manejan recursos colectivos.
