Alcalde de Ixhuatlán del Sureste es señalado por presunto homicidio de periodista; Fiscalía pide su desafuero

La Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó al Congreso local retirar la inmunidad procesal al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, a quien señala como presunto autor intelectual del secuestro y homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

La comunicadora, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad el 2 de junio en el municipio de Nanchital y localizada sin vida el 3 de julio. La solicitud de declaración de procedencia fue presentada el 6 de julio por la Fiscalía, como parte de la investigación por el crimen.

De acuerdo con la indagatoria, el presunto móvil estaría relacionado con una fotografía que la periodista habría tenido en su poder y en la que supuestamente aparecía el alcalde portando un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

El expediente señala que un testigo habría declarado que el presidente municipal, militante de Movimiento Ciudadano, contactó a un presunto integrante del Grupo Sombra para ordenar la privación de la libertad y posterior asesinato de la comunicadora.

Las investigaciones ministeriales establecen que un grupo de personas habría ingresado por la fuerza al domicilio de Guzmán Ramírez, ubicado en la colonia 1 de Mayo, en Nanchital. El ingreso quedó registrado en video y posteriormente el material fue difundido en redes sociales.

La Fiscalía sostiene que la periodista fue trasladada a un predio conocido como El Limonar, en el ejido Emiliano Zapata, municipio de Ixhuatlán del Sureste, donde presuntamente fue interrogada, golpeada y asesinada con un arma blanca. Posteriormente, los responsables habrían ocultado el cuerpo en una fosa clandestina después de desmembrarlo e incinerarlo parcialmente.

Durante un cateo realizado en el lugar, peritos y agentes ministeriales localizaron restos óseos, fragmentos con indicios de combustión, recipientes con hidrocarburo y un arma que presuntamente habría sido utilizada en el crimen. La identidad de la víctima fue confirmada oficialmente el 3 de julio mediante estudios periciales.

Por estos hechos han sido detenidas ocho personas, entre ellas presuntos integrantes del Grupo Sombra, policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y José del Carmen “N”, alias “El Delta 7”, quien fue capturado el 25 de junio por elementos de la Secretaría de Marina en Coatzacoalcos.

Además del procedimiento contra Raúl González Martínez, la Fiscalía solicitó el desafuero del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, también integrante de Movimiento Ciudadano. Hasta el momento, la autoridad ministerial no ha informado públicamente los delitos que se le atribuyen en ese caso.

El Congreso de Veracruz notificó a ambos presidentes municipales sobre el inicio de los procedimientos. Los ediles cuentan con siete días hábiles para presentar su defensa por escrito o comparecer ante la Comisión Instructora.

Después de analizar los argumentos, la Comisión deberá elaborar un dictamen que será sometido a votación del Pleno del Congreso. Si se aprueba la declaración de procedencia, los alcaldes perderían la inmunidad procesal y podrían enfrentar un proceso penal por los delitos que les imputa la Fiscalía.

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Elena Córdova Molina, afirmó que su partido no respaldará actos de impunidad, aunque pidió que las investigaciones se desarrollen conforme a la ley, respetando la presunción de inocencia y evitando cualquier uso político de las instituciones de procuración de justicia.

Rubicelia Ramírez Posada, madre de la periodista asesinada, reconoció los avances de la investigación, pero pidió a las autoridades continuar con las indagatorias y evitar la fabricación de responsables. También solicitó investigar a la coordinadora de la Policía Municipal de Nanchital, Karina “N”, así como localizar a José Luis “N”, un policía municipal que permanece prófugo y es señalado por su presunta participación en el homicidio.

El caso de Roxana Guzmán se suma a los hechos de violencia contra periodistas registrados en México y mantiene bajo atención la necesidad de esclarecer los ataques contra quienes ejercen la libertad de expresión.

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