Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, habría buscado establecer contacto con autoridades estadounidenses para explorar una posible negociación relacionada con la acusación presentada en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que dichas conversaciones hayan ocurrido.
La versión fue difundida por el periodista Jesús Lemus Barajas, quien afirmó que uno de los abogados del mandatario estatal habría contactado a fiscales federales estadounidenses para conocer las condiciones de una eventual entrega y una posible colaboración con la justicia de ese país.
Según esa versión, una negociación podría contemplar beneficios judiciales a cambio de información sobre integrantes de una estructura criminal. Sin embargo, la posibilidad de que Rocha Moya haya iniciado formalmente ese proceso no ha sido confirmada por sus representantes legales ni por el Departamento de Justicia estadounidense.
El supuesto acercamiento ocurre mientras el gobernador con licencia busca definir su futuro político. Rocha Moya se separó del cargo en mayo, días después de que Estados Unidos hiciera pública la acusación en su contra, y posteriormente ha expresado su intención de regresar al Gobierno de Sinaloa.
El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York anunció cargos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas. La acusación sostiene que los señalados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
El expediente estadounidense vincula particularmente a los acusados con la facción conocida como Los Chapitos. De acuerdo con los documentos judiciales, Rocha Moya habría tenido reuniones con líderes de esa organización durante el periodo de su campaña por la gubernatura de Sinaloa en 2021. Estas acusaciones deberán ser acreditadas dentro del proceso judicial correspondiente.
La acusación también involucra a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
El caso ha tenido consecuencias políticas y diplomáticas. Tras la presentación de los cargos, autoridades mexicanas señalaron que Estados Unidos no había entregado inicialmente las pruebas que sustentaban los señalamientos, mientras que la Fiscalía General de la República informó que analizaría la documentación correspondiente.
La versión sobre una eventual negociación también surge después de que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y uno de los acusados, se entregara a las autoridades estadounidenses. La situación de otros exfuncionarios señalados en el expediente continúa siendo objeto de seguimiento.
Por ahora, la supuesta negociación de Rocha Moya con autoridades estadounidenses permanece sin confirmación oficial y se basa en declaraciones periodísticas. Cualquier eventual entrega, acuerdo de cooperación o colaboración con la justicia de Estados Unidos tendría que ser confirmado por las autoridades correspondientes.
