La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de ocho personas, entre ellas el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles y otros delitos relacionados con hidrocarburos.
La investigación federal apunta a un entramado empresarial con operaciones en Ensenada, Baja California, mediante compañías vinculadas con actividades portuarias, almacenamiento, transporte y comercialización de productos petrolíferos.
De acuerdo con la FGR, los imputados enfrentan distintos cargos según su presunta participación. Ernesto “N”, Ricardo “N” y José “N” fueron vinculados por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Juan “N” y Luis “N” enfrentan acusaciones por delincuencia organizada y contrabando, mientras que José María “N”, Guillermo “N” y Adriana “N” fueron procesados por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos.
La hipótesis central de la Fiscalía sostiene que el combustible habría ingresado al país mediante declaraciones aduaneras presuntamente falsas, incompletas o distintas a la mercancía transportada. De esta manera, los volúmenes reportados habrían sido menores a los realmente introducidos o los cargamentos habrían sido clasificados como productos diferentes para reducir o evadir el pago de impuestos.
La investigación se concentró en empresas relacionadas con la importación, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Entre ellas se encuentra Ingemar, compañía en la que Ruffo Appel figuraba como accionista y que, según la acusación, habría desempeñado un papel dentro del esquema investigado.
El expediente también involucra a empresarios relacionados con las compañías Servicios Portuarios y Dragados y Puertos, sociedades que ampliaron sus actividades corporativas para incluir operaciones vinculadas con el almacenamiento, transporte y comercialización de petrolíferos.
Según la información del caso, Ingemar modificó su objeto social para incorporar servicios de almacenamiento, recepción y conservación de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, además de actividades relacionadas con terminales ferroviarias de carga.
En 2021, Ernesto Ruffo Appel ingresó como accionista de Ingemar con una participación reportada de 30 mil acciones. La Fiscalía sostiene que los vínculos corporativos entre las distintas empresas constituyeron parte de la estructura empresarial que ahora es analizada judicialmente.
La investigación también revisa permisos de importación otorgados a Ingemar para introducir grandes volúmenes de gasolinas y diésel. La Fiscalía ha señalado inconsistencias en declaraciones aduanales y operaciones de importación relacionadas con el expediente.
El caso se originó, entre otros elementos, a partir de investigaciones federales sobre el ingreso irregular de combustibles al país. La FGR ha señalado que la red investigada habría movilizado grandes cantidades de hidrocarburos y generado un daño económico al erario, aunque las cifras específicas han variado entre los reportes públicos del caso y deberán ser precisadas y acreditadas durante el proceso judicial.
La autoridad judicial impuso prisión preventiva oficiosa a cinco de los imputados, quienes fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano. Otros dos cumplirán la medida cautelar en sus domicilios y una de las acusadas quedó internada en un centro penitenciario del Estado de México.
La defensa de algunos de los empresarios ha rechazado las acusaciones. Ricardo Thompson Navarro, por ejemplo, ha sostenido que fue despojado de su participación accionaria en Ingemar y se ha deslindado de las operaciones investigadas.
El Partido Acción Nacional también ha cuestionado el proceso contra Ernesto Ruffo Appel y ha señalado que debe respetarse la presunción de inocencia y el debido proceso. La FGR, por su parte, sostiene que cuenta con datos de prueba relacionados con operaciones financieras, documentos corporativos, permisos energéticos y registros aduanales.
La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria. La responsabilidad individual de cada uno de los acusados deberá determinarse durante las siguientes etapas del procedimiento penal, con base en las pruebas que sean presentadas y valoradas por la autoridad judicial.
