Organizaciones alertan que proyecto en la Corte podría limitar amparos ambientales

redacción.

Diversas organizaciones civiles advirtieron sobre los riesgos que representa el proyecto de resolución 217/2021, elaborado por la ministra Yasmin Esquivel y previsto para discutirse este jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que limitaría la posibilidad de que asociaciones y ONG promuevan juicios de amparo relacionados con violaciones al derecho a un medioambiente sano.

Según un comunicado firmado por una veintena de organizaciones, el proyecto propone restringir la legitimación activa de los colectivos ambientales y defensores de derechos humanos para presentar recursos legales frente a afectaciones ambientales. Esto, señalaron, representaría un retroceso significativo en materia de derechos humanos y acceso a la justicia ambiental.

Las agrupaciones destacaron que este criterio dejaría de lado jurisprudencia previamente establecida por la misma Corte, que ha reconocido la capacidad de estas organizaciones para defender derechos colectivos en ámbitos como derechos humanos, educación, migración o cultura.

Recordaron que el derecho a un medioambiente sano está protegido por el artículo 4 constitucional y que México es parte del Acuerdo de Escazú, el cual obliga al Estado a garantizar acceso efectivo a la justicia ambiental y a eliminar obstáculos para la participación ciudadana en estos procesos.

La preocupación aumenta tras la reciente aprobación de reformas a la Ley de Amparo, lo que —según las organizaciones— podría debilitar la capacidad de comunidades y colectivos para impugnar megaproyectos, políticas extractivas o decisiones gubernamentales que afecten sus territorios.

“La protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos no son privilegios, sino obligaciones constitucionales y compromisos internacionales del Estado mexicano”, señalaron las organizaciones en su pronunciamiento, en el que exhortan a la Corte a no validar el retroceso y solicitan una audiencia pública.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Prodesc, Greenpeace México, la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF) y Artículo 19, entre otras.

con información de EFE.

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