redacción EI Coahuila
La Fiscalía General de la República investiga una presunta red de tráfico de armas con alcance binacional encabezada, según indagatorias, por el empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo. De acuerdo con la carpeta FED/FEMDO/FEITATA-MEX/0000928/2024, la organización habría introducido armamento desde Guatemala hacia México ocultándolo en cargamentos comerciales transportados en autobuses que simulaban movilizar pacas de ropa y mercancía de origen ilícito.
Las armas eran descargadas en la zona de Pino Suárez, a escasos metros de Palacio Nacional, donde operadores distribuían el material a distintos grupos criminales, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Unión Tepito, La Chokiza y el Grupo Sombra de Veracruz. Las transacciones se realizaban presencialmente y mediante plataformas digitales, siendo identificado un sujeto apodado “Kevin” como pieza clave en los movimientos dentro de la capital.
Las investigaciones revelan también un presunto esquema de corrupción institucional que habría permitido a los responsables obtener expedientes judiciales, alertas anticipadas sobre cateos y actualizaciones de investigaciones federales. Se documentan pagos que iban desde los 120 mil hasta 2 millones de pesos a funcionarios de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Entre los implicados figuran Mari Carmen Ramírez Rodríguez, conocida como “La Fiscal” —ya detenida y vinculada a proceso—, y Diego Adrián Mendoza Pérez. El encargado de distribuir los sobornos era identificado como Jacobo Reyes León.
La estructura criminal descrita por la autoridad estaba integrada por perfiles dedicados a áreas técnicas, financieras, operativas y de resguardo. Rocha Cantú habría fungido como principal financista en la adquisición de armas y combustible robado, apoyado por socios como Jorge Enrique Alberts Ponce, quien utilizaba empresas de seguridad y energía —entre ellas Acurgen S.A. de C.V., Seicsa y Valvón Servicios Integrales— como fachadas para contratos públicos y esquemas de lavado de dinero. También se menciona la presunta intervención de la jueza federal Elizabeth Muzquiz Pineda, señalada por favorecer de forma indebida a la red.
El entramado se habría sostenido mediante patios logísticos, centros de distribución de hidrocarburos robados y puntos de resguardo operados bajo discreción, entre ellos uno identificado como “La Espuela”, en Querétaro. Pese a las evidencias y a las órdenes de aprehensión emitidas el 15 de noviembre de 2025 contra trece personas, solo una funcionaria ha sido detenida. Rocha Cantú continúa en libertad tras acogerse a un criterio de oportunidad, bajo la figura de testigo colaborador.
El caso genera preocupación debido a la aparente cercanía geográfica de los puntos de operación con instalaciones de alto nivel estratégico, así como por su presunta capacidad para corromper estructuras institucionales, mover armamento y facilitar recursos ilícitos sin haber sido intervenida oportunamente.
con información de Infobae
