redacción EI Coahuila
La renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República no solo marca el fin de su gestión, sino que reaviva una de las controversias más graves y simbólicas de su paso por la institución: el manejo del caso Rancho Izaguirre, señalado por colectivos de búsqueda como presunto centro de exterminio, retención forzada y entrenamiento criminal en Jalisco.
El episodio, ocurrido el 20 de marzo de 2025, dejó en evidencia fallas estructurales en la conducción de investigaciones relacionadas con desapariciones. De acuerdo con una investigación de Emeequis, la intervención en el predio se realizó sin aplicar protocolos forenses básicos. Con autorización directa de Gertz, el acceso fue abierto a medios, activistas y familiares, lo que provocó contaminación de posibles evidencias, pérdida de materiales probatorios y un impacto irreversible en las condiciones del lugar del crimen.
Testigos relatan que madres buscadoras caminaron entre restos óseos, objetos calcinados y zonas que debieron estar aseguradas. No había peritos ni fiscales delimitando áreas, ni se informó qué sectores habían sido procesados. La criminóloga Yuriria Rodríguez Castro advirtió que una intervención de ese tipo podría interpretarse incluso como una estrategia deliberada para ocultar posibles homicidios. Por su parte, la periodista Sandra Romandía describió la escena como “una acumulación de historias de desapariciones y ejecuciones convertida en caos”.
El 29 de abril, Gertz minimizó públicamente los hallazgos, afirmando que en el sitio no se localizaron restos humanos ni cremaciones clandestinas. Sin embargo, transmisiones en vivo de los propios colectivos mostraron fragmentos de vértebras, molares y cráneos, así como estructuras compatibles con incineración. Raúl Servín, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, aseguró que encontraron restos en sitios señalados previamente por testigos.
Ubicado a 50 kilómetros de Guadalajara y resguardado por la Guardia Nacional desde 2024, el predio habría sido adquirido por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación mediante amenazas al propietario original. A pesar de ello, en 2025 apareció como propiedad privada, sin explicación clara de quién registró el predio ante la autoridad municipal. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó posteriormente que personas que se resistían a ser entrenadas como sicarios eran ejecutadas en el lugar, con base en declaraciones de “El Lastra”, responsable del rancho.
Colectivos acusan que la FGR actuó con negligencia y falta de compromiso. La activista Indira Navarro relató que Gertz desconocía información clave de su propia carpeta de investigación hasta que fue confrontado por familiares, quienes presentaron prendas y documentos que nunca habían llegado a su oficina.
Hoy, con su salida para asumir una representación diplomática en el extranjero, Gertz deja un caso abierto, sin peritajes concluyentes, sin responsables detenidos y con miles de familias que aún esperan verdad y justicia. El Rancho Izaguirre se convierte así en una herencia incómoda que marca el cierre de su gestión y abre cuestionamientos sobre el papel del Estado frente a la crisis de desapariciones.
con información de FGR, Emeequis
