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El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que busca proteger a la infancia y adolescencia frente al creciente uso de internet y redes sociales en el país. El dictamen, validado con 80 votos, reconoce que la seguridad digital es hoy un componente esencial para garantizar el desarrollo integral de los menores, resguardar su privacidad y prevenir delitos cibernéticos.
Durante la discusión, la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México, señaló que la medida responde al interés superior de la niñez, pues millones de menores enfrentan riesgos reales en el entorno digital, como suplantación de identidad, extorsión, corrupción de menores y difusión no consentida de contenido íntimo. Subrayó que, si bien ha habido avances en materia de protección digital, las políticas actuales requieren reforzarse para asegurar un acceso seguro y equitativo a la tecnología.
La reforma establece que es obligación del Estado garantizar la incorporación plena de niñas, niños y adolescentes a la sociedad de la información y el conocimiento, conforme al artículo tercero constitucional. Para ello, deberá impulsarse una política nacional de inclusión digital universal basada en principios de equidad, asequibilidad, accesibilidad, calidad y seguridad.
Las cifras respaldan la urgencia de esta acción legislativa. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) reportó que 2.9 millones de menores fueron víctimas de ciberacoso en 2023. Entre las agresiones más frecuentes destacan las insinuaciones sexuales no deseadas (5.5%), la exposición a contenido sexual no solicitado (5.6%), y la difusión no consentida de imágenes íntimas, que afectó a 127 mil menores en 2022. Además, más de 606 mil adolescentes sufrieron suplantación de identidad en 2023.
Entre enero y febrero de 2025 se registraron 5,862 delitos contra menores, 1.2% más que en el mismo periodo del año anterior. Ante este panorama, el Senado llamó a fortalecer políticas públicas, estrategias preventivas y mecanismos de colaboración entre autoridades, instituciones educativas y sociedad civil para enfrentar una problemática que crece en complejidad y magnitud.
con información de El Informante Mx.
