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Organizaciones civiles que acompañan a víctimas del incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez expresaron su rechazo al nombramiento de Francisco Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al considerar que envía un mensaje negativo sobre el compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas.
En pronunciamientos difundidos en redes sociales, la Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración señalaron que Garduño continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, en el marco del proceso judicial que enfrenta por el incendio registrado en marzo de 2023 en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas migrantes.
Las organizaciones advirtieron que el nombramiento se realizó pese a que el excomisionado del Instituto Nacional de Migración mantiene abierta dicha imputación, lo que, afirmaron, genera preocupación entre las víctimas y refuerza la percepción de falta de compromiso institucional con el esclarecimiento de los hechos y la rendición de cuentas.
También calificaron como “especialmente grave” que la designación no esté respaldada por una trayectoria o experiencia acreditable en el ámbito educativo. A su juicio, esta circunstancia fortalece la idea de que el nombramiento responde a criterios políticos y no de idoneidad profesional, lo que debilita la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
En otro posicionamiento, el Instituto para las Mujeres en la Migración retomó el caso bajo el hashtag #NoFueElIncendioFueElEstado, con el que busca subrayar que la tragedia no debe entenderse como un hecho aislado, sino como resultado de responsabilidades institucionales.
Las organizaciones también cuestionaron que el anuncio del nombramiento haya sido acompañado de elogios hacia Garduño como “funcionario ejemplar”, difundidos por el secretario de Educación, Mario Delgado, en redes sociales, junto con la exigencia de “#ReparaciónYJusticiaYa”.
Finalmente, manifestaron que reciben la designación con indignación y advirtieron que para las víctimas y sus familias puede interpretarse como un premio inmerecido que profundiza la impunidad y normaliza el olvido institucional, al recordar una tragedia que dejó 40 personas fallecidas y 42 con secuelas permanentes. Reiteraron que, en su opinión, la justicia no puede ser sustituida por cargos públicos ni utilizarse para eludir responsabilidades pendientes.
Con información de EFE.
