Ciudad de México, 8 de mayo de 2026.- La organización civil Defensorxs presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República contra 55 actores políticos de Morena y otras fuerzas partidistas, a quienes señala por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado y por supuestamente haberse beneficiado de irregularidades durante el proceso electoral de 2021 en Sinaloa.
Entre los nombres incluidos en la denuncia figura el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta además señalamientos internacionales derivados de investigaciones judiciales abiertas en Estados Unidos.
De acuerdo con Miguel Meza, director de Defensorxs, la organización ha documentado durante varios años posibles nexos entre estructuras políticas locales y organizaciones criminales que operan en la entidad.
El activista sostuvo que la denuncia busca que las autoridades mexicanas investiguen de manera autónoma los señalamientos y no dependan exclusivamente de procesos judiciales impulsados desde el extranjero.
La acusación plantea que durante el proceso electoral de 2021 habría existido intervención de grupos criminales para influir en la elección de distintos cargos públicos, incluyendo la gubernatura, alcaldías y diputaciones locales y federales.
Además de funcionarios actualmente en funciones, el expediente también incluye a exservidores públicos y actores políticos de distintas corrientes partidistas.
Según los denunciantes, existen elementos que apuntan a una presunta operación electoral favorecida por estructuras delictivas, particularmente en regiones estratégicas de Sinaloa.
La organización busca además ser reconocida jurídicamente como víctima indirecta del contexto de violencia e infiltración institucional, con el objetivo de tener participación activa dentro de las investigaciones.
La denuncia se presenta días después de que autoridades judiciales estadounidenses formalizaran acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
En ese expediente, abierto ante una corte federal de Nueva York, se señalan presuntas redes de protección política a cambio de recursos económicos y respaldo operativo.
El gobierno mexicano ha señalado que revisará cualquier acusación bajo criterios legales y ha insistido en que cualquier proceso debe sustentarse en pruebas verificables.
La Fiscalía General de la República informó previamente que analizará la información disponible para determinar si existen elementos suficientes para abrir líneas formales de investigación.
Especialistas en materia electoral y seguridad consideran que este caso podría marcar un precedente sobre el nivel de escrutinio judicial en torno a posibles nexos entre crimen organizado y procesos democráticos en México.
