La agenda de seguridad bilateral experimenta un momento crítico con la visita a México del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin. A esta gira enfocada en combatir el narcotráfico se sumará el próximo lunes Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “cordial y excelente” su reciente conversación telefónica con Donald Trump, subrayó que cualquier esquema de colaboración debe operar bajo el respeto irrestricto a la soberanía mexicana.
El contexto de las visitas está marcado por fuertes tensiones diplomáticas. Recientemente, el Departamento de Justicia estadounidense acusó a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa —incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya— por narcotráfico y posesión de armas. Pese a la presión de Washington y a la reciente entrega de dos de los implicados a las autoridades de EU, el gobierno de México ha rechazado extraditar a los señalados argumentando que no se han presentado las pruebas necesarias para justificar una detención urgente.
A esta complejidad se suman recientes rumores sobre una supuesta intervención de la CIA en el asesinato de un integrante del Cártel de Sinaloa en marzo; información que tanto la presidenta de México como la propia agencia de inteligencia estadounidense han desmentido categóricamente, pero que ha reavivado el debate sobre la injerencia extranjera
