Redacción
El gobierno de Trump suma dos nombres más a su lista de gobernadores de Morena con presuntos nexos con el crimen organizado. La justicia de EUA investiga a Alfonso Durazo y a Américo Villarreal y además les revocó sus visas. Según reveló el medio estadounidense LA Times.
Morena en la mira de Washington
Lo que comenzó con el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, formalmente acusado en abril pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por proteger al Cártel de Sinaloa y facilitar el trasiego de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a cambio de millones en sobornos, se ha convertido en una crisis sistémica para el partido en el poder. El patrón se repite: gobernadores de Morena, investigados por Washington, con visas canceladas y bajo procedimientos que los obligan a cooperar con la justicia estadounidense.
La pregunta es ¿cuántos gobernadores más están en esa lista?
Lo que reveló LA Times
Una investigación conjunta de Los Angeles Times y Puente News Collaborative, publicada este miércoles, coloca en el centro del escándalo a dos gobernadores en funciones: Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas.
Según fuentes que hablaron bajo anonimato por la sensibilidad del caso, a Durazo le fue cancelada su visa el año pasado. Washington lo investiga por presuntos nexos con el crimen organizado. No obstante, el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de López Obrador sigue viajando a territorio estadounidense de forma regular, supuestamente para recibir atención médica, amparado bajo un esquema conocido como Significant Public Benefit Parole, libertad condicional por beneficio público significativo, un mecanismo que permite a personas no ciudadanas ingresar a Estados Unidos para testificar ante un gran jurado federal y, con ello, mitigar cargos actuales o futuros contra ellos mismos o contra terceros.
En otras palabras: Durazo no entra a Estados Unidos como gobernador. Entra como cooperante de una investigación federal.
El caso de Américo Villarreal sigue una lógica similar, aunque con acusaciones distintas. Las fuentes consultadas por los reporteros Steve Fisher y Kate Linthicum apuntan a que la investigación contra el mandatario tamaulipeco está relacionada con huachicol (el robo y contrabando de combustible), delito que en la frontera noreste tiene una estrecha vinculación con grupos del crimen organizado. Villarreal también contaría con el programa de libertad condicional especial y, según la investigación, cuando cruza hacia Estados Unidos es escoltado por agentes estadounidenses.
Ambos gobernadores rechazaron las acusaciones. La vocera de Durazo afirmó que la información es “completamente falsa” y que el gobernador cuenta con visa vigente y no ha recibido notificación alguna de investigación. Américo Villarreal, por su parte, negó cualquier señalamiento. Sin embargo, ninguno presentó documentos ni evidencia que respaldara sus versiones públicas.
Sheinbaum y la defensa de lo indefendible
Cuando el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en mayo pasado, le comunicó directamente que la administración Trump esperaba la entrega de Rocha Moya. La respuesta de Sheinbaum fue reveladora: dijo que el destino del gobernador se definiría en México, y advirtió que acusaciones adicionales contra líderes electos serían consideradas “interferencia política en los asuntos de México”.
El argumento de la soberanía, esgrimido con regularidad desde Palacio Nacional, tiene un problema de fondo: encubrir a funcionarios con presuntos vínculos con el narcotráfico bajo el paraguas de la no intervención no es soberanía, es impunidad institucionalizada.
No es la primera vez que Sheinbaum opta por el silencio cómplice o la defensa corporativa frente a señalamientos internacionales contra sus gobernadores. La lógica de “primero somos Morena” parece imponerse sobre cualquier consideración ética o de Estado. Mientras el gobierno federal mexicano trata las investigaciones de Washington como actos de presión política, el Departamento de Justicia de Estados Unidos construye casos con gran jurado, revoca visas y documenta cooperación de los propios implicados.
El patrón que emerge no es menor: al menos tres gobernadores de Morena —Rocha Moya, Durazo y Villarreal— están en el radar de la justicia estadounidense por vínculos directos o indirectos con el crimen organizado. Los tres son cuadros del partido gobernante. Los tres operaron en entidades con fuerte presencia del narco. Y los tres cuentan, al menos hasta ahora, con el manto protector del gobierno de Sheinbaum.
La pregunta que México debería hacerse no es si Estados Unidos se extralimita. Es por qué Morena tiene tantos gobernadores que necesitan explicaciones ante una corte extranjera.
