La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) dieron a conocer una acusación formal contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, conspiración y posesión de armamento de uso exclusivo.
De acuerdo con la documentación judicial presentada ante una corte federal estadounidense, los señalados habrían participado en una presunta red de colaboración con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Las autoridades sostienen que esta estructura habría operado mediante sobornos, protección institucional y respaldo político.
La acusación menciona el presunto traslado e importación de sustancias como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, drogas que forman parte de las principales investigaciones federales sobre crimen organizado y tráfico internacional de estupefacientes.
Entre los acusados también figuran exfuncionarios estatales, legisladores, mandos policiales y autoridades municipales que, según el expediente, ocuparon cargos estratégicos dentro de las instituciones de gobierno y seguridad pública en Sinaloa. Entre ellos se encuentra el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
El fiscal federal Jay Clayton señaló que las investigaciones apuntan a la existencia de redes de corrupción que habrían brindado apoyo al Cártel de Sinaloa para mantener sus operaciones de tráfico de drogas. Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmó que la organización criminal utiliza mecanismos de corrupción y violencia para expandir y proteger sus actividades ilícitas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que algunos de los acusados habrían proporcionado protección a integrantes de la organización criminal, filtrado información sobre operativos de seguridad y facilitado el movimiento de cargamentos ilegales. Asimismo, el expediente incluye señalamientos relacionados con hechos violentos vinculados a disputas entre grupos criminales.
Según la acusación, los implicados habrían recibido beneficios económicos derivados de estas actividades. El documento también refiere la presunta participación de algunos acusados en actos violentos relacionados con investigaciones de carácter internacional.
El caso forma parte de una estrategia impulsada por el gobierno de Estados Unidos para combatir redes de narcotráfico transnacional y estructuras de corrupción presuntamente vinculadas con organizaciones criminales. El proceso judicial quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, quien estará a cargo de las etapas correspondientes del procedimiento.
Las autoridades precisaron que las acusaciones constituyen señalamientos iniciales y que todos los involucrados mantienen la presunción de inocencia hasta que se emita una resolución judicial definitiva. En caso de ser encontrados culpables, las sanciones podrían incluir penas de varias décadas de prisión e incluso cadena perpetua, dependiendo de los delitos acreditados por la corte.
