Una investigación periodística difundida por Aristegui Noticias aseguró que los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, estarían siendo objeto de indagatorias por parte de autoridades estadounidenses relacionadas con presuntos vínculos con actividades delictivas.
El trabajo fue presentado por el periodista Steve Fisher, quien afirmó que ambos mandatarios habrían sufrido la revocación de sus visas estadounidenses como parte de investigaciones en curso. Sin embargo, señaló que todavía podrían ingresar a territorio estadounidense mediante un mecanismo migratorio especial conocido como “parole” o “significant public benefit parole”.
De acuerdo con la información expuesta durante la transmisión, este tipo de autorización es otorgada de manera excepcional por autoridades migratorias de Estados Unidos cuando una persona representa un beneficio público significativo, particularmente en investigaciones o procedimientos judiciales federales.
Según la investigación, quienes reciben este permiso pueden ingresar temporalmente al país bajo condiciones específicas y con restricciones que dependen de cada caso. El reportaje menciona que dicho esquema suele emplearse cuando existe colaboración con agencias estadounidenses en procesos de investigación.
En el caso de Américo Villarreal Anaya, el periodista sostuvo que las indagatorias estarían relacionadas con presuntas actividades vinculadas al tráfico ilegal de combustibles, conocido como huachicol. Respecto a Alfonso Durazo Montaño, se mencionaron supuestos señalamientos relacionados con posibles nexos con grupos del crimen organizado, citando fuentes consultadas durante la investigación.
Fisher indicó que la existencia de este tipo de permisos podría sugerir algún grado de cooperación con autoridades estadounidenses, aunque aclaró que no se presentaron documentos oficiales que confirmen el alcance o las características de una eventual colaboración.
La investigación fue presentada en el contexto de las acciones que, según el reportaje, realizan distintas agencias de Estados Unidos para rastrear posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales transnacionales.
Hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte del gobierno de Estados Unidos sobre la presunta revocación de visas ni sobre investigaciones formales contra los gobernadores mencionados. Tampoco se han dado a conocer acusaciones judiciales públicas en cortes estadounidenses relacionadas con estos señalamientos.
De igual forma, las autoridades estatales involucradas no han confirmado la existencia de procesos judiciales o investigaciones oficiales en territorio estadounidense derivadas de las afirmaciones realizadas en el reportaje.
