l Gobierno federal autorizó 37 proyectos de generación eléctrica que serán desarrollados mediante asociaciones entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y empresas privadas, con una capacidad conjunta estimada de 7 mil 411 megavatios. La medida representa una nueva etapa en la política energética nacional, al permitir nuevamente una participación relevante de inversionistas particulares en la expansión de la infraestructura eléctrica del país.
Los proyectos fueron aprobados por la Secretaría de Energía y serán impulsados por 31 desarrolladores privados. La mayor parte de la nueva capacidad provendrá de plantas solares fotovoltaicas, que aportarán más de 6 mil 700 megavatios, mientras que el resto corresponderá a parques eólicos.
La decisión ocurre después de varios años en los que la inversión privada en generación eléctrica enfrentó restricciones derivadas de la política energética aplicada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, enfocada en fortalecer el papel de las empresas productivas del Estado, especialmente la CFE y Pemex.
Durante ese periodo, una de las acciones más representativas fue la adquisición de 13 plantas de generación eléctrica que pertenecían a la empresa española Iberdrola, operación anunciada en 2023 como parte de la estrategia para reforzar la soberanía energética del país.
Aunque la administración de Claudia Sheinbaum ha mantenido el objetivo de fortalecer a la CFE, las reformas y leyes energéticas aprobadas recientemente permiten esquemas de colaboración con inversionistas privados. La legislación vigente establece que la empresa estatal deberá conservar una participación mínima del 54 por ciento en la generación eléctrica nacional, mientras que el resto podrá ser producido por particulares.
Los nuevos proyectos se ubicarán principalmente en regiones con alto potencial para el aprovechamiento de energías renovables, como Sonora, Tamaulipas, Baja California Sur, Nuevo León y Yucatán. Entre las compañías participantes se encuentran Cúbico Sustainable Investments, Thermion Energy, Eléctrica Aselco, Fisterra Energy, Oak Creek y Terralia.
El modelo aprobado contempla la creación de sociedades mixtas entre la CFE y las empresas privadas. Bajo este esquema, los inversionistas asumirán la construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de las centrales eléctricas, mientras que la empresa estatal garantizará la adquisición de una parte significativa de la energía generada mediante contratos de largo plazo.
De acuerdo con especialistas del sector, una vez recuperada la inversión y alcanzada la rentabilidad previamente acordada, la propiedad de las instalaciones podría transferirse a la CFE, permitiendo que el Estado conserve el control final de los activos estratégicos.
Analistas consideran que este mecanismo busca equilibrar la necesidad de atraer capital privado con la intención gubernamental de mantener la rectoría del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, algunos expertos sostienen que la medida representa una reapertura parcial del mercado eléctrico mexicano tras varios años de restricciones a la inversión privada.
Estimaciones del sector indican que la inversión necesaria para concretar todos los proyectos autorizados podría rondar los 7 mil 400 millones de dólares. No obstante, especialistas advierten que el éxito de estas nuevas centrales dependerá también del fortalecimiento de las redes de transmisión y distribución, así como de la capacidad operativa para integrar la nueva generación al sistema eléctrico nacional.
La expansión de la infraestructura energética responde al crecimiento sostenido de la demanda de electricidad en México. Las autoridades han señalado que el consumo nacional continúa aumentando, impulsado por la actividad industrial, el crecimiento urbano y la llegada de nuevas inversiones productivas, particularmente en regiones vinculadas al fenómeno de relocalización industrial o nearshoring.
El Gobierno federal sostiene que estas asociaciones permitirán acelerar la incorporación de energías limpias y fortalecer la seguridad energética del país. Mientras tanto, el debate continúa entre quienes consideran que se trata de una fórmula de colaboración estratégica y quienes la interpretan como una nueva apertura a la inversión privada en un sector considerado históricamente estratégico para el Estado mexicano.
Con información de: El País
