Morena en Coahuila anunció el inicio de acciones legales para buscar la nulidad de la elección de las 16 diputaciones locales celebrada el pasado 7 de junio, al argumentar la existencia de diversas irregularidades que, a su juicio, comprometieron la legalidad y equidad del proceso electoral.
A través de un posicionamiento público, el partido señaló que durante la jornada electoral se registraron presuntos actos de compra y coacción del voto, utilización de programas sociales con fines electorales, propaganda ilegal, violencia política y posibles excesos en los gastos de campaña. Según Morena, las anomalías habrían sido detectadas en 962 casillas, equivalentes a cerca de una cuarta parte de las instaladas en la entidad.
Entre los señalamientos más relevantes se encuentra el supuesto uso de códigos QR para condicionar el voto de ciudadanos, mecanismo que, de acuerdo con las denuncias presentadas por el partido, habría sido utilizado para monitorear o acreditar apoyos electorales a cambio de beneficios.
Como parte de su estrategia jurídica, Morena informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que las conductas denunciadas podrían constituir delitos electorales graves.
Asimismo, promovió una queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) para que se investigue un posible rebase de los topes de gastos de campaña por parte de candidaturas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El partido también solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para analizar el origen de los recursos que presuntamente habrían sido utilizados en las operaciones denunciadas de compra y movilización del voto.
Morena pidió a las autoridades electorales y de procuración de justicia realizar una revisión exhaustiva de las pruebas presentadas, con el objetivo de garantizar los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia que rigen los procesos democráticos.
Las impugnaciones se suman a otros recursos promovidos tras la elección. El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja presentó una solicitud de juicio político contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y contra el fiscal estatal Federico Fernández Montañez, a quienes señala por una presunta intervención indebida en el proceso electoral.
Mejía Berdeja ha sostenido que durante el desarrollo de las campañas y la jornada electoral se registraron actos de intimidación, detenciones arbitrarias y agresiones contra militantes y operadores políticos de Morena y del Partido del Trabajo (PT), acusaciones que deberán ser analizadas por las instancias correspondientes.
Por su parte, la dirigencia nacional de Morena aseguró que, independientemente de las impugnaciones presentadas, el partido incrementó su presencia política en la entidad y mantiene su posición como segunda fuerza electoral en Coahuila. Según estimaciones de la organización, contará con una representación de cinco legisladores en el próximo Congreso local.
La legislación electoral mexicana establece que la nulidad de una elección sólo puede decretarse cuando las autoridades jurisdiccionales acreditan irregularidades graves, generalizadas y determinantes para el resultado de los comicios. Corresponderá a los tribunales electorales evaluar las pruebas aportadas por las partes involucradas y emitir una resolución definitiva sobre las impugnaciones.
Con información de: Infobae,
