Comunidades indígenas mayo-yoreme agrupadas en el colectivo ¡Aquí No! iniciaron este lunes una ocupación pacífica e indefinida en el acceso a la planta de amoniaco de Gas Petroquímica de Occidente (GPO), ubicada en la bahía de Ohuira, en Sinaloa.
Los manifestantes instalaron un plantón desde la madrugada y señalaron que permanecerán en el lugar hasta recibir una respuesta del Gobierno federal respecto a sus demandas relacionadas con el proyecto industrial.
De acuerdo con los representantes del movimiento, entre 150 y 200 personas participan en la ocupación de la entrada de las instalaciones. Los inconformes afirmaron que impedirán el acceso a la planta mientras continúe la protesta.
Las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos sostienen que la operación de la planta afectaría el entorno ambiental de la zona y pondría en riesgo la permanencia de los pueblos originarios asentados en la región.
Entre sus principales exigencias se encuentra la cancelación definitiva del proyecto y la reparación de los daños ambientales que, aseguran, ya se han generado en el área, incluyendo la tala de manglares y el relleno de humedales.
Los manifestantes también rechazaron la posibilidad de que la planta sea reubicada dentro del estado de Sinaloa, al considerar que el proyecto no representa un modelo de desarrollo compatible con la protección ambiental de la región.
La planta de amoniaco, promovida por Gas Petroquímica de Occidente, filial mexicana del grupo suizo-alemán Proman, registra un avance de construcción de aproximadamente 88 por ciento y cuenta con una inversión de 860 millones de dólares financiada por el banco alemán KfW IPEX-Bank.
Las comunidades mantienen desde 2014 una oposición al proyecto y han impulsado diversas acciones para exigir el respeto a sus derechos de consulta sobre obras que impactan su territorio.
Según los representantes indígenas, la protesta se produce después de reuniones sostenidas con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Ambas dependencias han manifestado su intención de realizar estudios ambientales y revisar el cumplimiento de la normatividad aplicable antes de determinar el futuro del proyecto.
La zona donde se ubica la planta colinda con el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, reconocido como sitio Ramsar de importancia internacional.
Los integrantes del colectivo señalaron además que organismos internacionales han expresado preocupación por los posibles impactos ambientales y sociales asociados al megaproyecto.
Con información de: EFE.
