La participación de las Fuerzas Armadas en proyectos de infraestructura, empresas públicas y actividades económicas ha generado un debate entre especialistas, organizaciones civiles y analistas, quienes advierten sobre la consolidación de una estructura de poder con creciente influencia financiera y administrativa dentro del Estado mexicano.
Diversos estudios señalan que durante los últimos años el Ejército y la Marina han ampliado significativamente su presencia en áreas que tradicionalmente estaban bajo responsabilidad de instituciones civiles. Entre estas actividades se encuentran la construcción de obras estratégicas, la administración de aeropuertos, el desarrollo turístico y la operación de infraestructura pública.
De acuerdo con un análisis publicado por la revista Nexos, este proceso ha favorecido la formación de una red integrada por mandos militares, empresarios, intermediarios y actores políticos vinculados a la ejecución de proyectos gubernamentales. Los autores sostienen que esta dinámica ha permitido la concentración de recursos y decisiones en organismos castrenses con niveles limitados de supervisión pública.
Uno de los casos mencionados es el de Grupo Mundo Maya, empresa relacionada con la administración de aeropuertos y proyectos turísticos bajo control militar. Investigaciones periodísticas han documentado presuntas irregularidades en la asignación de contratos superiores a los 100 millones de pesos, incluyendo adjudicaciones a empresas de reciente creación, compañías que habían sido inhabilitadas previamente y grupos empresariales con vínculos entre sí.
Según los reportes citados, el gasto en contrataciones de esta empresa aumentó de 249 millones de pesos a casi mil millones en un periodo de tres años. Además, una parte considerable de los contratos habría sido otorgada mediante adjudicaciones directas o procedimientos restringidos.
El crecimiento de la participación militar también se refleja en el presupuesto destinado a las instituciones castrenses. Un informe de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia indica que entre 2006 y 2026 el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional registró un incremento promedio anual de 7.9 por ciento, alcanzando en 2024 un monto histórico de 286 mil 308 millones de pesos.
A estos recursos se suman los fideicomisos administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Al cierre de 2025, ambos organismos controlaban más de 87 mil millones de pesos a través de estos mecanismos financieros, cuya supervisión ha sido cuestionada por organizaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Los especialistas también señalan que la reforma al artículo 129 constitucional aprobada en 2024 modificó las restricciones históricas sobre la participación militar en funciones civiles durante tiempos de paz. Para los analistas consultados, este cambio fortalece jurídicamente la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en actividades que anteriormente correspondían a dependencias civiles.
Entre los proyectos estratégicos bajo administración militar destaca el Tren Maya, que además de la infraestructura ferroviaria incluye aeropuertos, hoteles y desarrollos turísticos. El análisis referido sostiene que una mayoría de los contratos relacionados con esta obra fueron asignados mediante adjudicación directa o concursos restringidos.
El fenómeno ha sido comparado con modelos observados en países como Cuba, Venezuela y Pakistán, donde organizaciones empresariales vinculadas a las Fuerzas Armadas han alcanzado una importante influencia en sectores clave de la economía.
Los autores del estudio advierten que la expansión de intereses económicos militares puede incrementar riesgos asociados a la opacidad en el manejo de recursos públicos, la discrecionalidad administrativa y la concentración de poder. No obstante, reconocen que México aún se encuentra por debajo de los niveles de participación económica militar observados en algunas de esas naciones.
Especialistas consideran que el tema requiere seguimiento público y análisis institucional debido a sus posibles efectos sobre la transparencia gubernamental, la competencia económica y el equilibrio entre las autoridades civiles y militares en el país.
