La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas mantiene abiertas varias líneas de investigación por el asesinato de 10 hombres cuyos cuerpos fueron localizados el 18 de julio en tres municipios de la entidad. Cinco de las víctimas fueron encontradas suspendidas de un puente vehicular en Pánuco, cuatro más fueron ubicadas en Morelos y una en Saín Alto.
Entre las víctimas se encuentran el exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdés; funcionarios del Ayuntamiento de Fresnillo; un bombero; empresarios de los sectores de la construcción, minería y transporte de agua, además de un líder ganadero y personas originarias de Durango. Las autoridades informaron que las 10 víctimas ya fueron identificadas.
De acuerdo con la información oficial difundida sobre el caso, las víctimas habrían sido privadas de la libertad entre el 16 y el 18 de julio. La Fiscalía investiga principalmente posibles actos de extorsión y una eventual colusión de servidores públicos con grupos delictivos, hipótesis que no son excluyentes y que podrían ampliarse conforme avance la investigación.
Las declaraciones de autoridades estatales sobre la ausencia de denuncias previas por desaparición y los resultados de exámenes toxicológicos practicados a algunas de las víctimas generaron cuestionamientos, debido a que organizaciones y especialistas en derechos humanos han advertido que la difusión de datos personales o circunstancias de las víctimas puede desviar la atención de los homicidios y contribuir a su revictimización.
Los dictámenes forenses establecieron que ocho de los hombres murieron por asfixia o estrangulamiento, mientras que dos fallecieron a consecuencia de impactos de arma de fuego. La investigación busca establecer la mecánica de los hechos, identificar a los responsables y determinar si existieron vínculos entre las víctimas, los autores materiales y posibles redes de extorsión.
Como parte de los operativos desplegados tras los homicidios, las autoridades han reportado la detención de personas presuntamente relacionadas con una célula delictiva. Los operativos cuentan con la participación de corporaciones estatales y federales, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
El caso ocurre en un contexto de violencia vinculada con organizaciones criminales en Zacatecas, donde las autoridades estatales y federales han reforzado la presencia de seguridad en distintas regiones. El gobierno de Zacatecas ha sostenido que los indicadores de homicidio han mostrado una tendencia descendente, aunque hechos como el ocurrido en Pánuco, Morelos y Saín Alto mantienen la seguridad pública como uno de los principales desafíos de la entidad.
