El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a analizar una reforma al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objetivo de exentar del pago de ISR la transmisión de bienes entre ex parejas cuando derive de convenios judiciales de divorcio o disolución de concubinato.
La propuesta fue presentada por la diputada Luz Elena Morales Núñez, quien argumentó que el actual marco legal genera una situación de desventaja, principalmente para mujeres, al considerar como ingreso gravable la adjudicación de bienes acordada tras la separación legal.
De acuerdo con lo expuesto, el artículo 93 de la Ley del ISR contempla la exención del impuesto en donativos entre cónyuges mientras el vínculo permanece vigente; sin embargo, no incluye de manera explícita los casos en que la transferencia ocurre después del divorcio, lo que provoca que la autoridad fiscal clasifique estas operaciones como sujetas a gravamen.
La legisladora señaló que, en muchos casos, durante la vida en pareja los bienes inmuebles quedan registrados a nombre de uno solo de los integrantes, mientras que el otro —frecuentemente la mujer— contribuye de manera indirecta mediante trabajo doméstico o de cuidados no remunerados, sin consolidar titularidad legal sobre el patrimonio.
Indicó que, al momento de formalizar la propiedad mediante resoluciones judiciales, se configura una carga fiscal que no corresponde a un incremento real de patrimonio, sino a la regularización de un derecho previamente generado durante la convivencia.
El exhorto plantea incorporar un supuesto normativo que reconozca como ingresos exentos aquellas transmisiones de propiedad derivadas de sentencias o convenios judiciales, con el fin de evitar afectaciones económicas adicionales y garantizar certeza jurídica en la distribución de bienes.
La iniciativa también busca proteger el derecho a la vivienda y eliminar obstáculos fiscales que puedan impedir que las personas accedan legalmente a los bienes que les corresponden tras la disolución de la relación.
La propuesta se sustenta en un análisis realizado en coordinación con el notariado del estado y el colectivo “100 Y +”, encabezado por la notaria Guadalupe Díaz Carranza, con el propósito de identificar problemáticas jurídicas con impacto en la vida cotidiana.
