Redacción
Estados Unidos puso este jueves en alerta a la clase política mexicana: la imputación penal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa “es sólo el principio” de una ofensiva más amplia contra políticos cómplices del narcotráfico al sur de la frontera.
La advertencia provino del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que en un mensaje publicado en la red social X respaldó la acusación formal presentada un día antes por el Departamento de Justicia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El comunicado fue tan políticamente cargado como diplomáticamente provocador: “Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si estás implicado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, te haremos rendir cuentas”, sentenció el organismo legislativo, equiparando al gobernador mexicano en activo con el mandatario venezolano sancionado por Washington.
El mensaje de fondo es inequívoco: la “impunidad para los narcoterroristas ha terminado” —en palabras de los propios legisladores estadounidenses—, y la lista de políticos mexicanos bajo la mira podría crecer.
La acusación posiciona a Rocha Moya como el funcionario mexicano en activo de mayor rango señalado hasta ahora por la justicia estadounidense por presuntos nexos con el crimen organizado. Según la Fiscalía neoyorquina, Los Chapitos habrían apoyado políticamente al actual gobernador para llegar al poder en 2021, y a cambio él habría prometido protección al grupo criminal.
La respuesta de Sheinbaum: “es político”
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las imputaciones desde la conferencia mañanera de Palacio Nacional. La mandataria fue tajante: si la Fiscalía General de la República (FGR) recibe “pruebas contundentes e irrefutables”, deberá proceder conforme a derecho bajo jurisdicción mexicana; pero mientras esas pruebas no existan, la lectura es otra.
“Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, afirmó Sheinbaum, en lo que constituye el deslinde más fuerte hasta ahora del gobierno mexicano frente a la administración de Donald Trump en materia judicial-penal.
La Presidenta subrayó además un dato sin precedente diplomático: que Estados Unidos exija la detención con fines de extradición de funcionarios aún en activo —incluido un gobernador en funciones— es algo que “nunca había pasado en la historia” de la relación bilateral. Y cerró con una advertencia de soberanía: “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Roberto Velasco Álvarez, anunció el envío de un extrañamiento formal a la embajada estadounidense por considerar que se vulneraron mecanismos de confidencialidad bilateral al hacer pública la acusación. La FGR, por su parte, abrió investigación propia para determinar si las solicitudes de extradición vienen acompañadas de evidencia suficiente —algo que, hasta el momento, considera que no ocurre.
El obstáculo jurídico: el fuero
Más allá de la presión diplomática, el caso enfrenta un muro legal de fondo: el fuero constitucional del que goza Rocha Moya como gobernador en funciones. Así lo recordó el académico del ITESO Jesús Ibarra, consultado por El Informador: a diferencia de exgobernadores mexicanos enviados a Estados Unidos en años recientes —cuyos casos fueron procesalmente más sencillos por carecer ya de inmunidad—, en este expediente el desafuero depende de una decisión política del Congreso, como ocurrió con Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas.
Además —precisó el especialista—, lo que existe en este momento no es una orden de extradición, sino una solicitud de detención provisional con fines de extradición, que corresponde evaluar a la SRE y a la FGR. El estándar probatorio para proceder no exige demostrar culpabilidad, sino acreditar indicios suficientes, lo que abre el debate técnico sobre qué tan sólido es realmente el expediente estadounidense.
