Redacción
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rompió el silencio tras hacerse pública su imputación en una corte federal de Nueva York por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, y lo hizo apoyado en la carta política más fuerte que tiene a la mano: una llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Estamos tranquilos, trabajando por Sinaloa. No va a pasar nada, todo debe encauzarse conforme a la ley”, afirmó el mandatario al ser abordado por la prensa afuera de Palacio de Gobierno, en Culiacán, tras una reunión con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad para revisar tarifas y subsidios en la entidad.
Consultado sobre si había recibido alguna comunicación desde Palacio Nacional, Rocha Moya confirmó el contacto, aunque cuidó cada palabra: “Sí, hablé con la presidenta y no tengo más que decir que lo que ya dijimos en Twitter (X), esperando las siguientes cosas que las instituciones hacen”.
La sola mención de la conversación con Sheinbaum funciona, en los hechos, como un escudo político: instala en la opinión pública la idea de que el gobernador no enfrenta solo el embate desde Washington, sino que cuenta con el respaldo —o al menos la interlocución directa— de la jefa del Ejecutivo federal.
El mensaje en X: “ataque al movimiento”
Horas antes de las declaraciones presenciales, Rocha Moya había salido a su cuenta de X para rechazar de manera tajante las acusaciones, calificarlas de falsas y reenmarcarlas políticamente: no se trata —según su lectura— de un caso judicial individual, sino de un “ataque al movimiento” del que forma parte, en alusión a la Cuarta Transformación.
Es una jugada discursiva clásica del manual obradorista: convertir la acusación personal en agresión colectiva, lo que obliga a los aliados a cerrar filas y eleva el costo político de cualquier deslinde.
La estrategia de contención de Rocha Moya ocurre en un escenario de presión cruzada. De acuerdo con reportes periodísticos publicados el mismo día, la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Roberto Velasco Álvarez, habría recibido del gobierno estadounidense varias solicitudes de extradición un día antes de que se hiciera pública la imputación contra el mandatario sinaloense.
A ello se suma una versión periodística adicional que apunta a que sectores de la Cuarta Transformación habrían comenzado a tomar distancia del gobernador —identificado como aliado político del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández—, lo que ubica el caso no solo como un frente diplomático con Washington, sino como una fractura interna dentro del oficialismo.
