Redacción
La acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, ha dejado de ser un expediente judicial para convertirse en lo que verdaderamente es: una prueba de carácter para el Estado mexicano. Y en esa prueba, las líneas se trazan solas. De un lado, quienes entienden que la soberanía se defiende en bloque. Del otro, quienes ven en la presión de Washington una oportunidad doméstica.
La presidenta Claudia Sheinbaum lo planteó sin matices desde Palacio Nacional: en México deciden los mexicanos. La frase, lejos de ser retórica, marca el perímetro político del momento. La mandataria sostuvo que su gobierno no protegerá a nadie que haya cometido un delito, pero condicionó cualquier acción legal a la entrega de pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, canalizadas por las vías diplomáticas formales hacia la Fiscalía General de la República. Sin ese requisito, advirtió, la ofensiva estadounidense queda expuesta como lo que es: un movimiento con trasfondo político.
El punto de inflexión
La cronología es instructiva. La noche del 28 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió diez solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Veinticuatro horas después, la Corte del Distrito Sur de Nueva York hizo pública la acusación contra los diez ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, el subfiscal Dámaso Castro Saavedra, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y el exsecretario estatal de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega. La narrativa estadounidense sostiene que el grupo operó bajo influencia directa de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, e incluso plantea que la gubernatura se obtuvo mediante coacción electoral.
El expediente, sin embargo, no ha sido entregado en su componente probatorio a las autoridades mexicanas. Y ahí radica el corazón del diferendo: Washington exhibe en tribunal lo que no envía por canal diplomático. Esa asimetría no es un descuido procesal; es un mensaje político.
La unidad que se exige y la que se esquiva
Aquí es donde el debate interno se vuelve revelador. Sheinbaum señaló, con razón, que resulta contradictorio que sectores que dicen defender el Estado de derecho se cuelguen de un juzgado del sur de Nueva York para fortalecer su posición doméstica. El argumento es estratégicamente impecable: la oposición que celebra la imputación no está defendiendo la legalidad mexicana, está externalizando su impotencia electoral. No tiene proyecto de nación, no tiene contrapeso programático, y por eso busca que la presión venga de fuera.
Ese es precisamente el dilema histórico que México ha enfrentado cada vez que una potencia extranjera invoca la justicia universal para intervenir en sus asuntos internos: ¿se cierra filas o se abre la puerta? La respuesta de cualquier Estado serio es una sola. Y quien no lo entienda en este momento, o no quiera entenderlo, está objetivamente alineado con el interés ajeno.
No se trata de blindar impunidades. Se trata de algo distinto y mucho más fundamental: que las decisiones sobre quién es culpable y quién es inocente en territorio mexicano las tomen jueces mexicanos, con pruebas que resistan el escrutinio del derecho mexicano. Lo demás es subordinación voluntaria.
La presidenta recordó que la cooperación con Estados Unidos opera bajo cuatro principios acordados con la administración estadounidense: respeto a la soberanía y la integridad territorial, confianza mutua, colaboración y reciprocidad, sin subordinación. Es la fórmula que permite sostener una relación bilateral funcional sin convertir a México en patio trasero de las decisiones judiciales del norte.
Sheinbaum se dijo “tranquila y sólida”, y rechazó las versiones que buscan colocarla “entre la espada y la pared”. La narrativa de la presión, repetida por columnistas y dirigentes opositores, busca exactamente eso: forzar concesiones simbólicas que erosionen la autoridad presidencial frente a un actor externo. La mandataria optó por el camino opuesto: condicionar, exigir, ordenar el procedimiento conforme a la ley mexicana, y convertir el episodio en un acto de afirmación soberana.
El costo político real
Mientras la conversación pública se centra en Rocha Moya, el verdadero asunto en juego es otro. La calificadora S&P ya colocó a Sinaloa en revisión negativa, lo que anticipa dificultades de financiamiento para el estado. La oposición presentó ante la OEA un expediente de 53 páginas sobre una presunta “narcoelección” en Sinaloa que ahora cobra nueva vida. Y en el horizonte inmediato se asoman discusiones bilaterales en materia comercial y de seguridad donde cada paso en falso se cobra caro.
En ese tablero, el margen de error presidencial es estrecho, pero la dirección estratégica es la correcta: no ceder al chantaje probatorio, exigir formalidad diplomática, y trasladar el costo político a quien intenta convertir un proceso judicial extranjero en arma electoral interna.
Un cierre sin medias tintas
Frente al embate exterior, la unidad nacional no es un eslogan: es una obligación de Estado. México ha sobrevivido a cada presión externa cuando ha sabido cerrar filas en torno a sus instituciones, no cuando las ha entregado al primer expediente foráneo que conviene a una agenda doméstica. La presidenta lo sintetizó en tres palabras que no admiten ambigüedad: verdad, justicia y defensa de la soberanía.
Lo que viene en las próximas semanas dirá quiénes están dispuestos a sostener esa línea y quiénes prefieren operar como caja de resonancia del Departamento de Justicia. La distinción ya no es ideológica ni partidista. Es, sencillamente, una cuestión de lealtad nacional.
