La organización Amnistía Internacional solicitó al gobierno mexicano declarar una emergencia nacional ante la crisis de desapariciones en el país, al advertir un contexto de más de 133 mil personas no localizadas, más de 72 mil cuerpos sin identificar y niveles de impunidad cercanos al 99.6%.
El planteamiento incluye el respaldo a la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, mecanismo de la Organización de las Naciones Unidas previsto para situaciones de extrema gravedad, el cual permitiría establecer un canal formal de diálogo y revisión internacional del caso mexicano.
La organización también ha señalado cifras que superan las 118 mil desapariciones registradas desde 2006, así como el hallazgo de al menos 5 mil 696 fosas clandestinas y la existencia de 2 mil 341 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en el país.
De acuerdo con Amnistía Internacional, menos de cuatro de cada mil casos de desaparición logran una sentencia condenatoria, lo que refleja altos niveles de impunidad en las investigaciones.
El organismo planteó entre sus exigencias el reconocimiento y protección de los colectivos de búsqueda, la implementación de objetivos medibles en una eventual declaratoria de emergencia nacional y la apertura a asistencia técnica internacional para fortalecer las investigaciones.
También advirtió sobre riesgos y agresiones que enfrentan las mujeres buscadoras, incluyendo amenazas y casos de violencia en su contra durante las labores de localización.
En su posicionamiento, Amnistía Internacional cuestionó la versión oficial que atribuye la mayoría de los casos exclusivamente al crimen organizado, al señalar que existen expedientes en los que se presume participación o aquiescencia de autoridades.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó inicialmente el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, al considerar que su metodología no refleja de manera adecuada la situación actual del país.
El gobierno federal ha informado que mantiene disposición al diálogo con organismos internacionales y que se integró un grupo interinstitucional para analizar el informe y preparar una respuesta oficial.
