Por Redacción
La presidenta Claudia Sheinbaum salió este lunes 27 de abril a poner un escudo sobre los políticos de Morena que, según Los Angeles Times, podrían ser blanco de acusaciones formales en cortes federales de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Su respuesta desde Palacio Nacional fue una mezcla de exigencia de pruebas y deslinde institucional que, en los hechos, blinda al bloque oficialista mientras la presión estadounidense escala.
“La lucha contra la corrupción le corresponde a México, a la Fiscalía General de la República, a fiscalías estatales. Igual que le corresponde en Estados Unidos por actos de corrupción de funcionarios de Estados Unidos en Estados Unidos”, declaró la mandataria. Y remató con la frase que define el guion oficial: “Hay que presentar pruebas”.
La doble vara: García Luna sí, los nuestros no
La incongruencia es flagrante. Durante años, López Obrador y Morena celebraron desde la mañanera la sentencia contra Genaro García Luna —exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón— como la prueba máxima de la podredumbre del “régimen neoliberal”. La condena se convirtió en bandera política, en spot de campaña, en mantra repetido por gobernadores, legisladores y operadores morenistas.
Lo que la 4T omite siempre, y lo que Sheinbaum omite hoy, es que García Luna fue condenado en 2023 con base casi exclusivamente en testimonios de narcotraficantes cooperantes —Sergio “El Grande” Villarreal, Jesús “El Rey” Zambada, Óscar Nava Valencia “El Lobo”, entre otros—, sin grabaciones, sin transferencias bancarias, sin comunicaciones interceptadas. Así lo documentaron Telemundo Noticias, expertos como Erubiel Tirado de la Universidad Iberoamericana, y la propia defensa, que en su apelación de diciembre de 2025 sostiene que el caso se construyó sobre “testimonios falsos”.
El mismo tipo de prueba que hoy Sheinbaum descalifica como insuficiente fue la base de la condena que ella y su movimiento celebraron como histórica. Cuando los testimonios apuntan al adversario, son justicia. Cuando apuntan a los propios, no son pruebas.
El gobierno es el que debe investigar
La fórmula presidencial -“presenten pruebas”- invierte la lógica institucional básica. No es el denunciante quien debe entregar el expediente armado: es el Estado el que debe abrir la investigación cuando hay indicios razonables, recabar evidencia y construir el caso. Eso hace una Fiscalía.
Con el reportaje de Reuters de junio de 2025, el del LA Times de este fin de semana, la denuncia revelada por Anabel Hernández sobre el expediente de 192 páginas en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, y los nombres de Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar Ávila y otros operadores morenistas circulando en canales bilaterales desde hace casi un año, la FGR de Alejandro Gertz Manero tendría material más que suficiente para abrir investigaciones de oficio. No lo ha hecho. Ni una.
El embajador, “buen aliado”
Otra señal de la línea presidencial: en lugar de confrontar al embajador Ronald Johnson, vocero del mensaje en Los Mochis, Sheinbaum lo describió como un interlocutor cordial. “No tenemos alguna queja, algún tema con el embajador. Incluso hay temas en donde nos ha ayudado mucho”, dijo. Con el embajador, contemporización. Con los reporteros que preguntan por nombres, exigencia de pruebas. Con los morenistas señalados, silencio.
El viernes anterior, ante el mismo cuestionamiento, la presidenta había respondido con una risa: “Es lo que estamos haciendo, ellos allá y nosotros acá”. El propio LA Times consignó la reacción como muestra del tono con el que Palacio Nacional intentó desactivar el asunto.
Lo que no dijo Sheinbaum
La presidenta evitó pronunciarse sobre Rocha Moya, Ávila, los cinco funcionarios morenistas y el exsenador mencionados por Reuters desde junio. Tampoco habló del expediente de 192 páginas que, según Hernández, señala a López Obrador y a operadores como Mario Delgado, Ricardo Monreal, Javier May y Andrés Manuel López Beltrán. Ni de la denuncia del PAN ante la FGR contra los hijos del expresidente por el llamado “Cártel de Palenque”. El silencio sobre los nombres es elocuente.
El costo del silencio
El blindaje doméstico no funciona en cortes federales estadounidenses. Una acusación formal en Nueva York no requiere la cooperación del gobierno mexicano, no depende de la FGR y no se desactiva en una mañanera. Funciona con un Gran Jurado, fiscales federales y testigos cooperantes —los mismos testimonios que Morena consideró suficientes para condenar a García Luna—, muchos de ellos hoy bajo custodia estadounidense tras los acuerdos de los hijos de “El Chapo” Guzmán.
Si Trump cumple la amenaza que Johnson lanzó en Los Mochis —”pronto podríamos ver acciones significativas en este frente”—, las pruebas que importan no serán las que Sheinbaum reclama: serán las que Washington decida exhibir, con el mismo modelo procesal que la 4T aplaudió cuando el acusado se llamaba García Luna.
