También acuso desde “la mañanera” que la denuncia al gobernador de Sinaloa podría ser un “ataque político” del Departamento de Estado de EUA.
La presidenta Claudia Sheinbaum cerró filas este jueves en torno al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyera en una lista de diez ciudadanos mexicanos señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”.
Desde Palacio Nacional, la mandataria leyó un comunicado cuidadosamente redactado en el que, antes incluso de que la Fiscalía General de la República comenzara a revisar los expedientes, ya deslizaba la conclusión: si no hay pruebas claras, las imputaciones son políticas.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, afirmó la jefa del Ejecutivo en su conferencia mañanera, donde enmarcó su postura bajo la consigna de “verdad, justicia y defensa de la soberanía”.
De acuerdo con el propio comunicado presidencial, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió la noche del 28 de abril diez documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición de igual número de ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador en funciones de Sinaloa, un senador por la entidad y el alcalde de Culiacán. Al día siguiente, la Cancillería turnó las solicitudes a la FGR para su evaluación. Horas después, el Departamento de Justicia hizo públicos los cargos a través de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
Sheinbaum sostuvo que será la FGR —”la autoridad competente”— la que determine si existen elementos para proceder bajo jurisdicción mexicana. La presidenta también calificó como un hecho inédito en la historia bilateral que Washington solicite la extradición de un gobernador, un senador y un alcalde en funciones de manera simultánea.
Una defensa anticipada y un juicio prematuro
Lo que merece atención es la arquitectura del mensaje presidencial, porque revela más de lo que el discurso oficial pretende ocultar. Sheinbaum emitió un veredicto político —que las acusaciones tendrían fines de injerencia— antes de que la Fiscalía mexicana revisara siquiera los expedientes turnados por la SRE apenas veinticuatro horas antes. La defensa pública, en otras palabras, precedió al análisis técnico que la propia mandataria invocó como ruta institucional. Es una secuencia incómoda: primero la conclusión, después la investigación.
El planteamiento “si hay pruebas, procedemos; si no las hay, es político” suena equilibrado, pero opera como una trampa lógica: en ambos escenarios, el escrutinio recae sobre la imputación estadounidense y nunca sobre el imputado mexicano. No hay un tercer supuesto —el más obvio en un proceso serio— que contemple investigar de oficio al gobernador con los recursos de inteligencia del Estado mexicano, independientemente de lo que envíe Washington. Sinaloa lleva más de año y medio incendiada por la guerra entre facciones del cártel tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, y la respuesta presidencial ante señalamientos contra el gobernador en funciones es, de entrada, descartar el peor escenario.
Resulta también revelador que la presidenta cuestionara desde la mañanera el único elemento que el gobierno estadounidense difundió públicamente —imágenes de presuntos pagos de sobornos escritos a mano— sin esperar a que la FGR concluyera su valoración. En materia de extradiciones, las pruebas que sostienen una acusación formal en Estados Unidos rara vez se exhiben íntegras al inicio; lo sustantivo viaja en el expediente reservado que se entrega a la autoridad receptora. Descalificar de antemano el material visible es, en términos prácticos, descalificar el proceso completo antes de leerlo.
Soberanía como blindaje
El argumento soberanista —recurrente y siempre eficaz frente a un auditorio interno— funciona aquí como cobertura política para un gobernador emanado del propio movimiento de la presidenta. Rocha Moya es militante de Morena y figura cercana al oficialismo. La acusación del Distrito Sur de Nueva York, según los documentos publicados, sostiene que el mandatario estatal habría recibido apoyo de “Los Chapitos” durante su campaña electoral, presuntamente mediante intimidación y secuestros de rivales políticos. No son señalamientos menores ni provenientes de una fuente marginal: los firma una de las fiscalías federales con más experiencia del mundo en casos de narcotráfico transnacional, la misma que ha procesado a Joaquín “El Chapo” Guzmán y a Genaro García Luna.
Que la presidenta opte por enmarcar el episodio como un asunto de injerencia y no como una alerta institucional que merezca, cuando menos, una investigación interna paralela, dice mucho sobre los costos políticos que está dispuesta a asumir y los que prefiere evitar. La soberanía, invocada con frecuencia desde el sexenio anterior, corre el riesgo de convertirse en un escudo de uso selectivo: rígido cuando las acusaciones tocan a aliados, flexible cuando conviene la cooperación bilateral.
El mensaje
“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, cerró la presidenta. La frase, leída con atención, contiene una decisión de fondo: el caso Rocha Moya se procesará —si acaso— en cancha mexicana, con los tiempos y los criterios de una FGR cuya autonomía ha sido seriamente cuestionada a lo largo del actual ciclo político.
La pregunta que queda en el aire no es si Estados Unidos tiene o no pruebas suficientes —eso lo determinará un tribunal—, sino por qué el gobierno mexicano renuncia anticipadamente a investigar por sí mismo a uno de sus gobernadores señalado de operar bajo el patrocinio de un cártel. La defensa de la soberanía es legítima; la defensa anticipada de un funcionario, antes de revisar un solo folio, se parece más a un cálculo político que a un compromiso con la verdad y la justicia que la propia presidenta proclamó esta mañana.
