Por: Redacción
La administración de Donald Trump prepara una ofensiva anticorrupción que podría escalar de la cancelación de visas a acusaciones formales en cortes federales estadounidenses contra políticos mexicanos vinculados al crimen organizado, varios de ellos integrantes de Morena, el partido en el poder.
La revelación, publicada por Los Angeles Times el 26 de abril, coloca al bloque oficialista bajo una presión inédita y reaviva los señalamientos que durante años han perseguido al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a su círculo más cercano.
La advertencia fue lanzada por el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, durante el arranque del proyecto Pacífico Mexinol en Los Mochis, Sinaloa, una inversión privada de 3,300 millones de dólares. No fue casualidad la geografía: Sinaloa es el corazón histórico del cártel del mismo nombre y un territorio políticamente sensible para Morena, gobernado por Rubén Rocha Moya, a quien el propio LA Times identifica como uno de los políticos a los que el Departamento de Estado ya canceló la visa.
“La inversión es como el agua: fluye cuando las condiciones son las correctas y se seca cuando no lo son”, advirtió Johnson, antes de recordar que el T-MEC obliga a criminalizar el soborno y la corrupción. Y soltó la frase que encendió alarmas en Palacio Nacional: “Pronto podríamos ver acciones significativas en este frente. Manténganse atentos”. Dijo el Embajador.
Hasta hoy, la herramienta más visible de Washington había sido la revocación de visas, una sanción discrecional, sin expediente público, con un umbral probatorio bajo. Reuters documentó en octubre de 2025 que Estados Unidos había cancelado las visas de más de 50 políticos y funcionarios mexicanos, una cifra que da idea del tamaño de la lista. Una acusación federal, en cambio, implica Gran Jurado, expedientes penales, evidencia financiera, testigos cooperantes y un costo político imposible de contener con discursos.
Morena, en el centro del huracán
El golpe es directo al partido fundado bajo la bandera de “no robar, no mentir, no traicionar”. El LA Times identifica a Morena como el universo político bajo observación. Reuters ya había reportado desde junio de 2025 que el secretario de Estado Marco Rubio y su equipo habían planteado al menos tres veces a México la necesidad de actuar contra políticos morenistas vinculados a cárteles, e incluso amenazaron con nuevos aranceles si Sheinbaum no actuaba. En aquel reporte se mencionaba a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, entre los nombres que circulaban en las conversaciones bilaterales. Ávila negó categóricamente cualquier vínculo con el crimen organizado.
A la lista pública se suma Rocha Moya, sobre quien pesa además el cuestionado caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, en el que la Fiscalía federal mexicana documentó inconsistencias graves en la investigación estatal, incluido un video alterado. El gobernador ha negado vínculos con grupos criminales y con la muerte de Cuén.
El expediente que persigue a AMLO
La ofensiva judicial estadounidense no aterriza en terreno virgen. Desde enero de 2024, los reportajes simultáneos de Anabel Hernández (Deutsche Welle), Tim Golden (ProPublica) y Steven Dudley (InSight Crime) sostuvieron que la DEA y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York investigaron entre 2010 y 2011 presuntas aportaciones del Cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de López Obrador en 2006, por entre 2 y 4 millones de dólares.
En febrero de 2024, The New York Times, con la firma de Alan Feuer y Natalie Kitroeff, publicó otra investigación sobre presuntos pagos del crimen organizado a colaboradores cercanos a AMLO durante la campaña de 2018. Y en marzo de 2025, Anabel Hernández reveló en su podcast Narcosistema la existencia de una denuncia penal presentada en diciembre de 2024 ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, de 192 páginas más anexos, que señalaría a López Obrador, a dos gobernadores en funciones de Morena y a operadores de primer nivel —entre ellos Mario Delgado, Ricardo Monreal, Javier May y Andrés Manuel López Beltrán— por presunto financiamiento ilícito proveniente del Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo, hoy designados por Washington como organizaciones terroristas extranjeras.
A esto se suma el frente abierto en septiembre de 2025, cuando el PAN amplió en San Lázaro una denuncia formal ante la FGR contra los hijos del expresidente —José Ramón, Gonzalo Alfonso y Jesús Ernesto López— por presunta delincuencia organizada, huachicol, contrabando y operaciones con recursos de procedencia ilícita en torno al llamado “Cártel de Palenque”. Los señalados han negado todo y se asumen víctimas de una campaña de desprestigio.
Ninguna de estas acusaciones ha derivado, hasta hoy, en imputaciones formales en México. Pero el patrón es inequívoco: los nombres que durante seis años López Obrador descalificó desde la mañanera como “calumnias del conservadurismo” hoy aparecen en expedientes, denuncias y reportajes de medios estadounidenses con fuentes oficiales y de inteligencia.
