Recursos, bases de datos y operadores para favorecer su candidatura en encuestas
Redacción
Fuentes vinculadas a Morena y encuestadores describen una presunta operación basada en dinero, información territorial y estructuras cercanas al rochismo para posicionar a la senadora antes de la encuesta por la candidatura al Gobierno de Sinaloa.
Un presunto pago de 10 millones de pesos relacionado con la candidatura de Imelda Castro es el señalamiento más grave que comienza a circular dentro de Morena.
Personas vinculadas al partido en la Ciudad de México y encuestadores sostienen que el dinero habría formado parte de una presunta negociación para favorecer el posicionamiento de la senadora rumbo a la definición de 2027.
El señalamiento no está acreditado públicamente. Por su gravedad, no puede presentarse como un hecho comprobado, pero tampoco debería ser ignorado: requiere documentos, testimonios y una investigación que determine si el pago existió, quién lo entregó, quién lo recibió y con qué finalidad.
Las mismas fuentes aseguran que Imelda Castro presuntamente tendría acceso a información territorial y bases de datos que estarían vinculadas con programas de Bienestar y estructuras del Gobierno de Sinaloa.
El cuadro que describen es el de una candidatura que presuntamente estaría siendo construida con tres ventajas: dinero, datos y estructura política.
Una presunta ventaja construida antes de la encuesta
El eventual acceso a teléfonos, colonias, secciones electorales, beneficiarios y estructuras territoriales permitiría dirigir llamadas, recorridos y acciones de promoción hacia públicos específicos.
De confirmarse, esa información haría posible concentrar la campaña donde pueda producir mayor crecimiento. Cuando llegue la encuesta, la medición podría registrar también una ventaja construida durante los meses anteriores.
La discusión no es únicamente quién aparece arriba en una encuesta, sino cómo llegó hasta ahí y con qué recursos. Si una aspirante recibiera información y herramientas que no tienen sus adversarios, la competencia interna dejaría de desarrollarse en igualdad de condiciones.
La operación del rochismo
Las fuentes consultadas también señalan la presunta participación de operadores vinculados a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia.
Según estas versiones, ante la dificultad de imponer abiertamente a un sucesor, sectores cercanos al gobernador con licencia habrían optado por fortalecer previamente a Imelda Castro para que llegue mejor posicionada a la medición definitiva.
La operación señalada no consistiría en un dedazo público, sino en una presunta ventaja construida previamente mediante promoción, operadores, información territorial y movilización.
Funcionarios, alcaldes y grupos políticos formados durante el gobierno de Rocha tienen interés en conservar espacios después de 2027. Imelda Castro representaría, según las fuentes consultadas, una opción para mantener parte de esa continuidad política.
No existen hasta ahora elementos públicos suficientes para acreditar un acuerdo formal entre Rocha e Imelda Castro. Lo que sí debe aclararse es si operadores relacionados con el Gobierno estatal estarían trabajando en favor de su candidatura.
Los teléfonos también deben explicarse
Otro señalamiento se refiere a las llamadas de promoción de Imelda Castro y al presunto uso de información previamente segmentada.
No es lo mismo marcar números generados aleatoriamente que utilizar una base organizada por municipio, colonia, sección electoral o condición de beneficiario.
Por eso resulta necesario conocer de dónde provienen los teléfonos, quién financia las llamadas y qué empresas u operadores participan en ellas.
Si se confirmara que la información está relacionada con programas sociales, el caso tendría una dimensión mayor: los datos de los beneficiarios no pueden utilizarse para favorecer aspiraciones políticas.
Exigen a Morena e Imelda deben responder
Morena tendría que aclarar quién puede acceder a sus bases territoriales, qué controles existen y cómo impedirá que información gubernamental pueda terminar en manos de algún aspirante.
Imelda Castro, por su parte, debe explicar de dónde proviene la información utilizada por su equipo, quién paga su operación territorial, qué relación mantiene con operadores ligados a Rocha y qué responde al señalamiento sobre el presunto pago de 10 millones de pesos.
Una encuesta no puede corregir por sí misma una competencia que presuntamente hubiera sido desequilibrada previamente.
Si no existieron el presunto pago, el posible uso de bases institucionales ni un eventual respaldo indebido de estructuras gubernamentales, transparentar la operación fortalecería la legitimidad de Imelda Castro.
Pero si llegaran a acreditarse ventajas que los demás aspirantes no tuvieron, el problema no estaría únicamente en la encuesta, sino en las condiciones bajo las cuales se llegó a ella.
