Gobernadora de Chihuahua reconoce investigación federal tras aseguramiento de narcolaboratorio

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, confirmó que es objeto de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), en el contexto de un operativo contra el narcotráfico realizado en la sierra tarahumara.

El señalamiento se produce tras el aseguramiento de un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas, identificado por autoridades como un punto relevante en la elaboración de anfetaminas. De acuerdo con información difundida en medios nacionales, en el operativo habrían estado involucrados presuntos agentes extranjeros, lo que ha generado cuestionamientos sobre la coordinación y los protocolos de actuación en materia de seguridad.

En una declaración pública, la mandataria estatal evitó profundizar en los detalles del caso, pero sostuvo que su administración ha actuado conforme a la ley y en apego a las estrategias de combate al crimen organizado. También se prevé su comparecencia ante instancias federales, donde se le solicitarán explicaciones sobre los hechos y la posible participación de personal foráneo en acciones dentro del territorio estatal.

De forma paralela, el entonces fiscal general del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, presentó su renuncia al cargo. La dimisión ocurre tras un accidente carretero en el que murieron dos personas identificadas como agentes extranjeros vinculados al operativo. El funcionario reconoció fallas en los mecanismos de control e inconsistencias en el manejo de la información relacionada con la presencia de dichos elementos.

Especialistas en seguridad han señalado que la posible intervención de agentes internacionales en operativos dentro de México requiere de acuerdos formales y coordinación institucional estricta, en línea con la legislación vigente en materia de soberanía y cooperación bilateral.

Hasta el momento, la FGR no ha emitido un posicionamiento público detallado sobre el alcance de la investigación ni sobre posibles responsabilidades administrativas o penales. El caso se mantiene en desarrollo y bajo seguimiento de autoridades federales y estatales.

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